Los Hechos. La Sanción.

ABUSO SEXUAL EN SYSTEMA DE SANTA TERESITA

Una joven de 18 años denunció que fue víctima de abuso sexual en un boliche de Santa Teresita el último fin de semana, durante sus vacaciones.

 El acusado tiene 20 años, es oriundo de Las Toninas, y se sospecha que está vinculado a la administración del local porque tuvo acceso a una oficina privada, donde se produjo el presunto ataque sexual.

La adolescente, cuya identidad se preserva, relató lo ocurrido en la Comisaría 1ra. del Partido de La Costa. Denunció que Andrés Córdoba, un hombre a quien conoció el domingo dentro del boliche Club Systema, "la invitó a ingresar a una oficina".

Dentro de la habitación, el presunto atacante –que se presentó como "tarjetero" del local– corrió el short y la ropa interior de la víctima y la penetró sin su consentimiento, según surge de la denuncia policial. 

Al enterarse del hecho, los padres de la joven –que estaba vacacionando junto a la familia de una amiga– ratificaron la denuncia ante la Fiscalía de turno. El sospechoso quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal, en un caso a cargo de la UFI N°2 – La Costa (Nº de IPP 0302_000578/19) , que ya ordenó una serie de estudios médicos en una clínica privada para avanzar con la investigación.

El boliche Systema está ubicado en la Calle 5, entre 32 y 33 de Santa Teresita. Fue clausurado el lunes luego de que se radicara la denuncia. En un video publicado en redes sociales para promocionar el inicio de la temporada de verano 2019, propiciaba "el descontrol sin límites" junto a fotos de mujeres tiradas en el suelo.

El lugar ya había sido clausurado en 2015. Dos años después el local cambió de dueño y recibió una habilitación "de excepción" que generó polémica porque había una ordenanza municipal que prohibía este actividad en la zona.

Marcos García, ex concejal del Partido de La Costa, recordó en diálogo con Infobae cómo fue el proceso: "En noviembre de 2017 el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza de excepción, algo que no es usual porque las excepciones se utilizan para centros de salud, no para locales bailables".

El concejal opositor Germán Jardón también cuestionó la habilitación que tenía el local y solicitó una sesión especial para revocarle el permiso.

Evangelina M. Cordone 

Me permito comentar por qué fui parte del pedido de quita de esta habilitación que por si no sabían fue entregada a cambio de favores.

Yo no era concejal cuando eso pasó, obviamente que no se mezclan las cuestiones pero alguien debía pedir lo justo y esto es justo. Yo soy madre y soy hija, tengo amigas, tengo muchas chicas que van a los boliches y para que muchos se informen, hemos tomado vista de la denuncia penal instada por una mujer donde dentro de ese boliche una persona que allí trabaja la violó.

Entonces antes de conjeturar y de preguntarse si esta bien mezclar la política con esto les digo SIIIII !!! PORQUE TENGO HIJOS Y PORQUE NO QUIERO A ELLOS NI A LOS HIJOS DE UDS LES PASE ALGO SIMILAR.

Antes de ser concejal soy madre, humana y vecina, por eso les digo era necesario exponer la falta de cámaras, la falta de seguridad y las irregularidades que allí acontecían.

Agradezco poder haber sido parte de desbaratar este antro y evitar así que a ninguna chica más le pase lo que le pasó el domingo a la madrugada a una de nuestro género. Creo que para algo está la política y es justamente también para pedir que dejen de violar y de abusar de nuestros hijos. 

Les recomiendo que miren el video de infobae donde esta el video de inauguración del boliche para el día 3 de enero y verán que estábamos ante unos chacales.

infobae.com

Evangelina Cordone, (FB)

Violencia de género, problema pendiente que roba vidas cada vez más jóvenes.

Hay un femicidio cada 30 horas.

Las víctimas son cada vez más jóvenes.

En lo que va de enero ya son 10 las mujeres muertas por violencia de género en el país. La muerte de Agustina Imvinkelried, de apenas 17 años, esta semana, conmovió a la sociedad y reinstaló el debate en torno al tema. 

En el video que más tarde se hizo viral se la ve a Agustina Imvinkelried, de 17 años, acompañándose con un ukelele, mientras canta una canción de Residente. Cuando esas imágenes se hicieron populares, Agustina ya no estaba. La habían matado tras haber salido a bailar con sus amigas en la localidad santafesina de Esperanza, el último sábado. Su asesino, un vecino de esa localidad, de 39 años, se ahorcó antes de que la policía llegara a su casa a interrogarlo.

Pocas horas después de conocido el hecho cientos de personas marcharon en Esperanza y Santa Fe conmovidos por un crimen que conmovió al país entero. En esa ocasión, el colectivo Niunamenos de Santa Fe a través de sus cuentas en las redes sociales hizo pública la exigencia de “políticas públicas efectivas de protección a las mujeres, lesbianas y trans”. Y cerraron el mensaje con una frase contundente: “basta de matarnos”.

El de Agustina fue uno de los más resonantes femicidios de un enero de 2019 que ya suma una decena de casos, uno cada dos días, mientras otra muerte -la de Carla Soggiu, que desapareció después de accionar dos veces el botón antipánico y ayer apareció muerta en el Riachuelo- era investigada por la Justicia. Al cierre de esta edición no estaba claro si se trataba de un femicidio.

Un enero, el de 2019, donde los femicidios resultaron la expresión extrema de una violencia contra la mujer que tuvo otras expresiones: el ataque y violación “en manada” de una adolescente de 11 años en Miramar y de otras dos chicas en la misma semana, en Villa Elisa y en Salta. Y la violación de una mujer de 85 años en Villa Elisa, entre otros casos.

Desde Casa del Encuentro, una ONG que elabora una estadística sobre femicidios desde 2008, Ada Rico, su presidente, dice que en lo que va de 2019 fueron 10 los crímenes de mujeres registrados en el marco de la violencia de género.

“La estadística no sorprende por su número, dado que estamos hablando de un caso cada 48 horas en 2019, cuando el promedio para el país en 2018 fue de uno cada 32 horas. Pero lo que conmueve especialmente es el descenso de las edades de las víctimas, una tendencia que se verifica en los últimos años y que se expresa en el caso de Agustina”, dice Rico.

Para la dirigente, los otros dos rasgos característicos de los femicidios en los últimos años es que son cada vez más visibles y que eso hace que se ponga en evidencia la característica cruenta de muchos de los crímenes.

Las estadísticas de Casa del Encuentro indican, además, que el 60% de los victimarios son parejas o ex parejas, que más del 60% de las víctimas tenían entre 19 y 50 años y más del 15% era menor de 18 años.

Flavia Centurión, desde la ONG platense Las Mirabal, que brinda contención a mujeres víctimas de violencia de género, dice que “tanto las estadísticas oficiales como las elaboradas por ONGs muestran claramente el aumento femicidios y de todo tipo de violencias contra las mujeres en todo el país”.

Según Centurión “ en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal ha reconocido un considerable aumento de los delitos sexuales contra las mujeres (en cinco años aumentaron 60% las denuncias por violaciones y abuso”, mientras que hoy se realiza una denuncia cada cuatro minutos y medio por violencia de género.

Para Centurión, “este panorama pone de manifiesto una problemática social de dimensiones epidémicas (según la ONU) que afecta específicamente a las mujeres y que demuestra el fracaso o una rotunda insuficiencia de las políticas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. Además, las políticas públicas existentes están signadas por sub-ejecuciones y recortes presupuestarios”,

En el mismo sentido, la también platense Estela Díaz, Secretaria de Igualdad de Género de CTA a nivel nacional, cuestiona la actuación estatal frente al fenómeno, opinando que se trata de “respuestas parciales, insuficientes, discontinuas y con escasísimos recursos” .

En el pedido de mayores y más efectivas respuestas ante el fenómeno por parte del estado coinciden distintos referentes.

Ada Rico destaca la necesidad de capacitar al personal de los organismos que intervienen en la problemática.

“Recientemente se ha aprobado una ley que apunta a la capacitación de efectores de la Justicia. Junto a esta medida, otra que debería implementarse es el uso de tobilleras electrónicas para los agresores con restricción perimetral, a través de medidas cautelares”.

Centurión, por su parte, pone el acento en trabajar más el tema en las escuelas, para favorecer un profundo cambio cultural.

“Actualmente en todos los niveles del ámbito educativo es muy escaso el tratamiento de la temática de género, dependiendo de las autoridades de cada establecimiento, quienes a veces recurren a ONGs que acuden gratuitamente a hablar del tema”, dice Centurión.

Para la dirigente, a la falta de capacitación de los agentes de los organismos que intervienen en la problemática se suma “la falta de personal y la precarización edilicia de los lugares destinados a la atención de mujeres en situación de violencia, que provocan que muchas desistan de denunciar o no continúen con los trámites judiciales”

Y pone un ejemplo: “Desde Las Mirabal comprobamos que el promedio de espera para hacer una denuncia en la Comisaría de la Mujer es de tres horas y sin baño, porque desde enero de 2018 ese organismo tiene el baño para el público clausurado”.

Eldia.com

A.S.I. Abuso sexual infantil en La Costa. Asistencia y Tratamiento

Dra. Rosalía Serra., Acción Social.
Abogada, Protección derechos NNyA

El Abuso Sexual Infantil es una patología social con profundas raíces culturales, "naturalizada" o "normal" por su elevada frecuencia. Esta "aceptación" forzada es muy tolerada por la población (no olvidemos que es cultural) y, lo que es peor, por  gran parte de los funcionarios policiales y judiciales responsables de su investigación y posterior juicio.

Es difícil de comprender y menos de aceptar que en muchos núcleos familiares justifiquen a los abusadores con las experiencias padecidas (propias  y ajenas), concluyendo que es el resultado inevitable  de una enfermedad social..

Tan acendrado está que se refleja en nuestra legislación penal que consideraba el ASI como delito de acción privada hasta hace 2 meses; ahora es de acción pública.
Los legisladores al considerarlo como de ámbito privado restringían la capacidad de denuncia a la víctima o tutores.
Si consideramos  que las víctimas son menores de edad y que la denuncia debe ser ratificada por los padres o tutores podemos apreciar  que, en la gran mayoría de los casos, los que tienen poder de denuncia son los mismos responsables del delito.

Tal falla en la legislación revela una gravísima carencia de sentido común que queda reflejada en las estadísticas judiciales en las que sólo el 5% de los casos es denunciado y sólo el 1% recibe condena.
Esta aberración en la concepción de las normas de procedimiento sólo puede ser comprendido (jamás aceptado) por estar los autores obnubilados por su acervo cultural.

Esto se resolvió en los papeles, en la práctica no.
Confiemos en que la sociedad siga movilizada y consigamos alguna mejoría.
Que hablemos del tema ya es un gran avance.
Que tengamos un protocolo de acción es otro avance.
PERO NO HEMOS RESUELTO EL TEMA.

Tres mujeres fueron rescatadas de una red

El operativo se realizó en San Bernardo y el acusado tiene una causa pendiente. 

Tres jóvenes venezolanas retenidas contra su voluntad fueron rescatadas en la madrugada de ayer en el balneario de San Bernardo, en el marco de un operativo por trata de personas que incluyó dos allanamientos, una detención y el secuestro de pruebas. El detenido, identificado como Ismael García, se encuentra además procesado en otra causa por la muerte en enero de 2016 de una joven de 26 años en una pileta mientras se desarrollaba una fiesta clandestina en La Plata.

Según pudo establecer La Nación, las víctimas pudieron escapar de un parador local y dar aviso a la línea 145 de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Según dijeron, habría más jóvenes en las mismas condiciones, aunque al producirse los allanamientos ya no se encontraban en el lugar. Además del parador, fue allanado un departamento céntrico que sería propiedad de García.

Las jóvenes habrían sido retenidas en contra de su voluntad por García, quien fue indagado ayer por la tarde. Todos los indicios apuntan a trata sexual y posible trata laboral concomitante.

El operativo se realizó atendiendo al artículo 145 del Código Penal y el acusado podría recibir, en caso de ser encontrado culpable, hasta 10 años de cárcel.

Si bien San Bernardo se encuentra en jurisdicción del Juzgado Federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, el operativo fue ordenado por el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Necochea, Bernardo Bibel, subrogante por la feria.
Las víctimas habrían sido captadas con engaños en localidades de la región metropolitana y llevadas a San Bernardo, donde fueron amenazadas, privadas de su libertad y presuntamente obligadas a brindar actividades sexuales.

Se habrían constatado durante el operativo circunstancias que acreditan la condición de víctimas de trata. García es un conocido hombre de la noche platense, a quien le gusta ostentar vínculos con el poder político.

lanacion.com.ar

Realidades de La Costa. Violencia de Género

La Violencia de Género es una patología socio-cultural por excelencia. Acción Social del Municipio está desarrollando programas para su tratamiento, y prevención. 

La entrevistada en esta oportunidad es Romina Calvo, Psicóloga de Violencia de Género quien explica el estado actual y las características  particulares que se presenta en este distrito.
Las explicaciones fueron claras y precisas y arrojan luz dentro de la oscuridad  característica del tema.
Se explayó sobre las características particulares de la población diferenciando la de San Clemente con el resto del distrito. También expuso los inconvenientes que tienen con instituciones como la Policía, Justicia, Docentes, grupos familiares, etc.
Les ruego que escuchen a la Licenciada para poder tener una cabal dimensión del problema.

El abuso sexual infantil ahora es un delito de acción pública

El Senado aprobó y convirtió en ley un proyecto para hacer que los delitos sexuales contra menores sean de acción pública y dejen de ser de acción privada.



La decisión de que los delitos contra la integridad sexual de los menores dejen de ser de acción privada implica que el Poder Judicial debe investigar de oficio.

A partir de esta reforma, si se conoce el hecho de que un menor fuera víctima de abuso sexual, cualquier ciudadano puede hacer la denuncia y el Estado está obligado a investigar los hechos denunciados aunque no hayan sido ratificados por los tutores del niño, niña o adolescente.

El proyecto había sido presentado por la diputada Carla Carrizo (Evolución) en la Cámara baja.

"Hoy, la necesidad de que el padre, madre o tutor de la víctima ratifiquen la denuncia, es un obstáculo para que haya justicia", explicó la legisladora.

Y agregó: "Lamentablemente, en el 90% de los casos el abusador es un familiar varón de la víctima. Consecuencia: se denuncia apenas el 10% de los casos y se condena menos del 1%".

"Gracias a la valiente lucha de las mamás protectoras votamos la ley que declara al abuso sexual infantil como delito de instancia pública. Esto va ayudar al Estado a defender a los niños y niñas víctimas de abuso sin necesitar una denuncia previa por parte de sus padres o tutores", celebró por su parte la senadora Gladys González.

Y completó: "De ahora en más el Estado va a poder actuar de oficio, escuchando y protegiendo a los niños, niñas y adolescentes abusados para que puedan tener una vida libre".

infobae.com

11/10/2018

Mami...¿Cuando va a ir preso Luis? Así no vuelve a hacer lo que me hizo.

26/01/2018

-        TM: …  ¡Luis!!!  ¿Puedes cuidarme a los chicos mañana cuando vuelvas del trabajo?
Voy a buscar laburo a Santa Teresita y quizás a Mar del Tuyú.

-        Luis:…  Sí, no hay problema. Te los controlo ni bien salga de la panadería.

Mario Luis Cuomo (78 años), acusado de abuso sexual en infantes.

TM sale tranquila para buscar esos huidizos mangos tan necesarios para las fiestas, confiada en que sus niños no tendrían problemas.

A media mañana TM regresa a su casa de improviso. Al llegar encuentra a su niño menor encerrado en el baño con la luz apagada; su otro hijo jugando en la cocina. Busca a sus dos hijas y las encuentra en el dormitorio de Luis.
La de 5 años le mostraba a Luis la pantalla del celular mientras éste le toqueteaba la cola.

TM toma a su hija y la manda a la cocina a jugar con la hermana mientras le señala “te estaba tocando la cola”.
La respuesta no se hizo esperar…. “No es la primera vez, la semana pasada le tocó a mi hermana"
TM empezó a gritarle a Luis “…. Pedófilo, Basura, degenerado y otros epítetos no reproducibles”.

En tal griterío los niños se asustaron y TM tuvo que contenerlos, momento que aprovecha Luis para escaparse de la casa.

Cuando el marido de TM se va a trabajar, ella vuelve a preguntar a las nenas que les había hecho Luis.
La respuesta no se hizo esperar, que también le había pasado a una amiga de la misma edad pero que las tocaba “con lo que tiene el hermanito” (pene).
Concurre a la comisaría de inmediato para hacer la denuncia, la oficial de servicio al escuchar la denuncia en vez de contenerla le recrimina por “haber confiado en cualquier pantalón, que era responsable por confiada”.

TM Tuvo que esperar que la oficial de servicio se calmara (insólito, la víctima denunciante debe contener al policía receptor de la denuncia). Recién entonces comienzan los procedimientos rutinarios de pericias médica y psicológica, comprobación si la niña mayor estaba en condiciones de testimoniar, se acerca la fiscal de turno, firma las actuaciones y pocos días después se realiza la cámara Gesell.
No pudo hablar con la fiscal, quien sólo firmó el expediente.
Cuando concluye la batería de exámenes, las autoridades intervinientes le dicen que el trámite estaba concluido y sólo tiene que esperar.

Las pericias indicaron que no hubo penetración, aunque sí abuso, hecho que tranquilizó a TM porque “no se las habían roto”.

A partir de ese momento se quedó sola, sin tratamiento ni contención psicológica; la asistencia social brilló por su ausencia y no se le ofertó colaboración alguna.
Luego de varios días de silencio decidió ir a la fiscalía Nº 2, Causa IPP.08/19 para tomar conocimiento de la evolución de la causa, momento en que se le comunica que el acusado puede asistir a una pericia psicológica recién el 5 de junio del 2019. Se le advierte, además, que es baja la probabilidad que Luis quedara detenido por su edad ya que lo eximiría de prisión. De esta abominable probabilidad la sociedad continuaría siendo sometida al riesgo de más abusos sexuales en infantes, cometidos por este perverso individuo.

La madre, en su desesperación inició averiguaciones sobre los antecedentes de Luis y halló que dos mujeres de su conocimiento también habían sido abusadas.
TM reclama imperiosamente que el daño provocado a sus hijas sea reparado, pero halló la triste realidad que el abusador cuenta con un abogado defensor pago por la comunidad, mientras las víctimas y su familia navegan en la incertidumbre, la angustia, el temor a las secuelas psicológicas silenciosas de aparición tardía.
Sin lugar a dudas han conocido la injusticia en su cara más indignante y tenebrosa. Carece de asesoramiento legal, social, asistencial psicológico; despreciada por el sistema que le niega la documentación de las pericias porque no se ha constituido en parte querellante.

Muy lejos se ha quedado el Estado en la protección de los NNyA abusados y maltratados, porque carecemos de un programa efectivo para la prevención y tratamiento de los abusos sexuales al igual que los profesionales idóneos en este tema brillan por su ausencia y los cursos de actualización son totalmente ineficaces.

Aproximación a una Atención Organizada e Institucional del Abuso Sexual Infantil.

Generalidades:

El fenómeno del abuso sexual infantil es un problema que lo han padecido los niños desde siempre,  en todas las culturas durante mucho tiempo y aún hoy es negado.

En los países anglosajones, se ha reconocido y abordado desde hace más de diez años.

En nuestro país empieza a emerger la toma de conciencia sobre este problema que podemos decir que todavía permanece en gran parte desconocido.
La estigmatización social, la vergüenza, el sentimiento de culpa, la negación, la ocultación, la duda, la banalización, el catastrofismo, el alarmismo, el “secreto profesional”, ... mantienen a las víctimas en una conspiración de silencio de la que, en muchos casos, participa el resto de la sociedad y los propios profesionales encargados de la atención al niño que asisten, en silencio, impasibles a este problema.
La sensibilización por parte de profesionales y asociaciones para la prevención del maltrato infantil, la repercusión en los medios de comunicación social ante determinados casos, han provocado que en esta década se le haya comenzado a prestar atención como un problema de graves consecuencias individuales y sociales.

El maltrato sexual a menores es una forma de maltrato infantil con unas características especiales por los efectos en los niños, las características de los agresores y las circunstancias en que se producen. La propia naturaleza de los hechos y las circunstancias que los rodean hacen que la magnitud de este problema sea desconocida, si bien los pocos datos que conocemos inducen a pensar que es un problema social y de salud de primer orden.
Cualquier niño de cualquier edad y clase social puede ser víctima de abusos sexuales que no siempre se va a tratar de un acto físicamente violento, ya que el agresor se puede servir de promesas o amenazas para implicar a la víctima. Los abusos sexuales adquieren formas en las que no existe contacto físico, además de formas como la explotación sexual, el turismo sexual con menores, la pornografía infantil, ...

Tampoco podemos ignorar la utilización perversa por parte de padres del abuso sexual con alegaciones falsas en casos de separación y divorcio.
También podemos considerar el abuso sexual desde la educación y a la vida familiar por defecto, es decir, considerar como abusivo un ambiente familiar en el que toda forma de sexualidad sea proscrita y rechazada, tanto en los gestos como en los diálogos entre padres e hijos, y por exceso con una educación permisiva y sexualizada.
El abuso sexual provoca problemas psicológicos-emocionales que pueden aparecer inmediatamente después de la agresión, en la adolescencia si se produjeron en la infancia o incluso en la edad adulta si no lo comunico a nadie o no recibió las ayudas necesarias.

Cuando un niño es víctima de abuso sexual lo puede comunicar con palabras, pero también puede expresarlo con cambios en su conducta o actitud, siendo necesario en ambos casos creer al niño, hacerle ver que el único responsable es el agresor y hacerle sentir seguro y protegido frente al agresor y la repetición de los abusos.
Las importantes repercusiones que tiene en el desarrollo psicoemocional del niño y los diferentes problemas psicológicos - psiquiátricos que pueden provocar, así como para su diagnóstico y tratamiento hacen que los servicios de salud mental tengan un papel relevante en la atención al abuso sexual infantil.
Por otra parte, está el agresor que también requiere de atención por los problemas y patologías que han dado lugar a que cometiera el abuso y las implicaciones legales que este acto conlleva.
La falta de coordinación entre los diferentes profesionales implicados en casos de abuso sexual prolonga innecesariamente la investigación social y criminal, dificulta el tratamiento y la rehabilitación psicológica, y hace que la situación, que suele ser confusa para los profesionales, trascienda a la víctima, el niño.

Es necesario facilitar un tratamiento integrado que implique a la víctima, al agresor y a sus respectivas familias en el caso de que el agresor sea también un niño.
El tratamiento y trabajo en equipo entre profesionales de diferentes disciplinas es esencial cuando se trata de abordar el problema del abuso sexual infantil. La intervención en el abuso sexual infantil también debe incluir ayudar a descubrir los servidores que ofrecen material pornográfico, las redes de prostitución infantil, los operadores del turismo sexual ... Nos enfrentamos por tanto a un problema complejo, cuyo abordaje requiere de una intervención multidisciplinaria e intersectorial y de la cooperación necesaria de todos los profesionales implicados (servicios sociales, salud, salud mental, educación, policía, justicia...)
 La prevención diseñando y desarrollando programas dirigidos no solo a los niños en riesgo de convertirse en objeto de abusos o explotación sexual, sino también en medidas preventivas como la autoestima del niño y no centrarse solo en el niño sino también en personas del entorno del niño como los padres y profesores.

El marco de obligada referencia que es la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 que establece en los artículos:

19. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

34. Los Estados Parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados Parte tomarán en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a. La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad ilegal

39. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física, psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

En España, la Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, establece en el artículo:

43. Referente a la atención sanitaria especifica que la rehabilitación y mejora de la salud comprenderá todos los aspectos físicos, psíquicos y sensoriales.

44. Los menores que sufran malos tratos físicos o psíquicos, en el seno de su familia, institución o entorno, recibirán protección especial de carácter sanitario, asistencial y cautelar urgente según requiera cada caso específico, corresponsabilizándose para ello las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid implicadas.

También se especifica que:

ü  La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales debe ser combatida y los responsables llevados a la justicia, debiéndose asegurar la sanción pertinente de cumplimiento efectivo.

ü  Lo mismo ocurre con la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos, los responsables sancionados judicialmente.

ü  Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor lo comunicaran a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

ü  Las autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el caso actuarán con la debida reserva. En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en la vida del menor.

ü  En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, que no requieran la asunción de la tutela por ministerio de la Ley, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que inciden en la situación personal y social en que se encuentra y a promover los factores de proyección del menor y su familia.

ü  Los titulares de los Servicios de Salud y el personal sanitario de los mismos, están especialmente obligados a poner en conocimiento de las autoridades pertinentes de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal, aquellos hechos que puedan suponer la existencia de desprotección o riesgo infantil, así como colaborar con los mismos para evitar y resolver tales situaciones.

Desarrollar un Programa de Atención del abuso sexual infantil que abarque específicamente la formación de profesionales, estudios epidemiológicos, atención, prevención del abuso sexual, y en su conjunto supone implicar tanto a los profesionales del ámbito de la salud, sanitarios y no sanitarios, como a instituciones públicas y privadas relacionadas con la atención a la infancia en la detección, intervención y prevención de abuso sexual (maltrato infantil).

Debe incluir:

ü  Elaboración de un Programa de Atención al abuso sexual infantil desde el ámbito sanitario dentro del Plan de Atención a la Infancia.

ü  Involucrar a la red sanitaria a través de su participación.

ü  Diseñar y ejecutar campaña de información a través de los documentos específicamente elaborados para los profesionales sanitarios

ü  Formación de los profesionales mediante cursos teórico-prácticos, creación de grupos de trabajo e implicación de la red de atención a la infancia, y seguimiento de los casos detectados.

ü  Establecer un sistema de registro y vigilancia epidemiológica.

ü  Atención a los casos de abuso sexual según las necesidades del niño y las características propias de este problema.

ü  Desarrollo de actuaciones preventivas del abuso sexual infantil desde el ámbito sanitario.

ü  Participación e integración del dispositivo de Salud Mental en el programa.

Objetivos que se pretenden alcanzar.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el Programa a desarrollar son:

1. Sensibilizar y formar a los profesionales sanitarios en el problema del abuso sexual infantil.

2. Conocer las características epidemiológicas del abuso sexual infantil que puedan ser detectados desde el ámbito sanitario y su morbimortalidad.

3. Disponer de datos fiables que permitan elaborar de programas destinados a la promoción de los derechos y el bienestar de la infancia, y la prevención, detección y tratamiento de los casos de abusos sexuales.

4. Crear una red de informantes que a partir de este programa puedan continuar desarrollando esta labor de sensibilización y vigilancia epidemiológica.

5. Mejorar la atención sanitaria a los niños con presunto / abuso sexual considerando las particularidades de este problema, identificando y atendiendo los casos desde la situación de niños / familias en riesgo

6. Prevenir el abuso sexual infantil, tanto de la aparición de casos como a través de la detección precoz e intervenciones sobre las secuelas y posibles repeticiones.

7. Incrementar la participación en los programas de detección desde otros ámbitos (escuelas, servicios sociales, etc.).

8. Implicar al dispositivo de Salud Mental en la atención al abuso sexual infantil y la coordinación con otros servicios.

 Referencia:
Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
Comunidad de Madrid

“EL SILENCIO ES ALIADO DEL VIOLENTO”

El 2018 será recordado como uno de los años más importantes en materia de derechos de las mujeres. No sólo por el histórico debate en el Congreso por la legalización del aborto, sino también por la denuncia por violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés, que generó una ola de acusaciones que llegaron hasta el mundillo político. Conocido como el “Me Too” argentino (en referencia al caso del productor hollywoodense Harvey Weinstein), las mujeres impulsaron la tendencia “No nos callamos más”, en la que se visibilizaron innumerables casos de violencia. En este contexto, la presidenta del Instituto de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Agustina Ayllón, realizó con La Tecla un balance del último año, en el que analizó el contexto actual de la lucha feminista por la igualdad, la visibilización de los abusos y el rol de la mujer en la política.

-¿Cómo ve todo lo que sucedió en el año con respecto al movimiento feminista?
Se dieron avances enormes en materia de derechos de las mujeres. Hubo varios hitos. Uno de ellos fue el debate por el aborto. Me parece que poder escuchar todas las posturas ha sido bastante respetuoso. Fue una de las cuestiones más importantes que pasaron en 2018. Y, por supuesto, que con lo que sucedió al respecto de la denuncia de Thelma, también. Esto ha dado un impulso, sobre todo, a poder hablar en temas de abuso. El tema de violencia se viene trabajando, y hay cada vez mayor cantidad de casos en los que la mujer se anima a hablar. Los casos de abusos, todavía venían bastante más retrasados, en cuanto a no sentirse culpables, o a veces porque sucedieron cuando las mujeres eran chicas. La conferencia fue importante para empezar a hablar de abusos; no sólo sexuales, también de violencia institucional, que han aumentado. Todas estas cuestiones son de avance y siguen abriendo el camino para continuar pensando en políticas; pero sobre todo el no callarse. El silencio es el principal aliado del violento. Así podemos empezar a cambiar las cosas.


-La Gobernadora aseguró que en la política, también, se sufre mucho la violencia machista.
-Hay violencia en todos los ámbitos. Las denuncias que recibimos se dan desde en una escuela o un hospital hasta en un ministerio o municipio. Esto está en todos lados. Por eso es importante ponerle luz.
Cuando la que denuncia o la que puede hablar es una persona que está en los medios de comunicación, que tiene empatía con la gente, por supuesto que los temas toman otro conocimiento; pero lo cierto es que esto sucede en todos los ámbitos. Y por eso es importante que en cada uno de los ámbitos tengamos que trabajar sobre el tema. Hay cosas que no se pueden tolerar más

-Hay una especie de grieta entre quienes están en contra de “escrachar” a los violentos y abusadores, sin denuncia penal. ¿Qué opina al respecto? 
-Espero que nada de lo que tenga que ver con género sea una grieta, estamos todos trabajando juntos. Creo que lo que ha pasado es que había mucho silencio, y me parecen importante las cuestiones de contarlo a través de las redes, pero que si sucedió se haga una denuncia. Es parte de lo que corresponde. Todos estos temas han tenido un proceso en la mujer, es muy importante que se pueda respetar ese proceso. Hay una mayor conciencia social sobre la violencia y hay más ámbitos para escuchar los casos. Pensar que no te van a creer está siempre. Lo más importante es el respeto a la persona, es la única que va a determinar el momento en que quiera contarlo. Es un tema de acompañamiento, más que cuándo se quiera hacer. Las redes despiertan la opinión de un montón de gente, hay que estar preparadas a pasar por una situación en la cual quizás terminás siendo juzgada. Tiene que haber un espacio de contención.


-¿Cuáles son los desafíos para 2019, que recién comienza? 
-Tenemos un plan provincial, que se inició con la Gobernadora en 2015, que tiene que ver con una mayor cantidad de Red de Hogares, en poder extender el tema de las tobilleras, seguir con capacitaciones. La Unión Europea ha elegido a la Provincia para hacer distintos proyectos con principal foco en género; y ahora, con la ley Micaela, abordar políticas con perspectiva de género en organismos públicos, que es fundamental.

Grave caso de violación de tres menores en San Clemente del Tuyú

Las víctimas de este aberrante hecho son un nene de 9 años y sus dos hermanas de 8 y 10 años. Los niños eran víctimas de su padre y su abuelo y entregados a dos vecinos.

Los sanclementinos no salen del asombro. En las últimas horas se conoció el caso de tres menores de edad, que fueron abusados por su padre y su abuelo, y también entregados a dos vecinos.
El hecho sucedió en la Calle 1 bis al 1200 de San Clemente del Tuyú, donde la policía finalmente allanó y detuvo a los imputados, gracias a la tarea investigativa de la Sub DDI de Villa Gesell.
Un hombre denunció los abusos y lograron comprobar que los tres menores eran víctimas de su padre, de 46 años, y de su abuelo, de 63.
Pero además estos cuando estaban en estado de ebriedad entregaban a los menores a dos vecinos, de 42 y 48 años.
Las víctimas son un nene de 9 años y sus dos hermanas de 8 y 10 años.
Además de ser abusados sexualmente, también eran amenazados con que si contaban algo los iban a matar.

FaroNoticias.com.ar

Qué penas podrían recibir según el Código Penal los acusados de violar a una nena de 14 años en un camping de Miramar

Cinco jóvenes mayores de edad están detenidos por la violación de una nena de 14 años en un camping de Miramar. 

El caso sacó a la luz la discusión acerca del posible consentimiento de las víctimas, un tema clave y en debate. Sucede que en la mayoría de los países de Latinoamérica, la llamada "edad mínima de consentimiento sexual" está establecida entre los 14 y los 16 años, pero esta situación no es homogénea. Junto a Uruguay y Costa Rica, Argentina es una excepción, ya que la establece en los 13 años, una edad considerada "muy joven" por el Comité de la Convención de los Derechos del Niño y por destacados expertos.

La legislación argentina no contempla la posibilidad de que una menor de 13 años consienta una relación sexual con un mayor. El Código Penal establece una pena de 6 meses a 4 años de prisión -con distintos agravantes que pueden elevar la condena a hasta 20 años- a "el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece años".

En otras palabras, la ley consagra una presunción de que nunca una menor puede consentir -en términos legales- un acto sexual con un mayor. Es una presunción de las llamada "iure et de iure", es decir, que no admite prueba en contra. O sea que no se puede probar que una menor de 13 años consintió el acto sexual con un mayor. Hubo intentos de declarar la inconstitucionalidad de esa norma, pero no prosperaron.

La situación de las menores de entre 13 y 15 años está regulada en el artículo 120, que consagra una pena de 3 a 6 años de prisión –y que se puede elevar a 10 años– al abuso sexual que "hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima" o cuando "hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías".


 Pero el Código Penal supedita la existencia de delito a determinadas circunstancias: cuando se cometa "aprovechándose de su inmadurez sexual [de la víctima], en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado".

Sin embargo y en base a la Convención de los Derechos del Niño muchos constitucionalistas creen que nunca podría haber consentimiento entre una menor de 13, 14 ó 15 años, con un mayor de 21 ó 23 años, la edad de los cinco detenidos por el caso de Miramar.

Los cinco amigos acusados: Lucas Pitman (21), Tomás Jaime (23), Juan Cruz Villalba (23), Emanuel Díaz (23) y Roberto Costa (21)

Para Juan Pablo Gallego, abogado penalista y consultor en derechos del niño y violencia de género, "conforme viene caratulada la causa y de acuerdo a los hechos descriptos en el caso, los acusados concurren en casi la totalidad de los agravantes del artículo 119 y a priori corresponde aplicar una pena de 20 años de prisión".

"Se trata de un hecho cometido por dos o más personas y, por la descripción y características, es gravemente ultrajante. Este verdadero ataque sexual en manada, como muestra de poder machista, sobre una niña de 14 años y el aprovechamiento de su situación de indefensión, sin duda deben considerarse agravante a la hora de mensurar la pena", afirmó el letrado.

Finalmente, Gallego consideró que aunque aún no ha sido tema de debate, dada la edad de la niña, es probable que pudiera constatarse en el curso de la investigación que el abuso sexual agravado aparece consumado en concurso con la figura de corrupción de la menor. En este caso, debería adicionarse la pena prevista por el artículo 125 del Código Penal . "En esas condiciones y con aplicación del artículo 55, el concurso de delitos podría hacer ascender la pena a 37 años y 6 meses de reclusión para cada uno de los responsables", concluyó el abogado.

La doctora Raquel Hermida Leyenda, abogada penalista y especialista en delitos contra la integridad sexual, sostuvo que la estrategia utilizada por la defensa de los acusados "es mala y reiterativa, ya que todos los imputados por delitos contra la integridad sexual se defienden asegurando que se trató de una relación consentida".

La abogada penalista señaló que en este caso "nos encontramos frente a un abuso sexual con acceso carnal agravado por tratarse de una menor de entre 13 y 16 años de quien se aprovecharon por su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad de los autores. Y agravado también porque el hecho fue cometido por dos o más personas. Y porque seguramente va a dejar un grave daño psíquico en la víctima".


 Y agregó que "a partir de la declaración de la menor en cámara Gesell y de los informes psicológicos hay que analizar si posee también el agravante de lo ultrajante que resultó el hecho y si existió corrupción de la menor, que significa interrumpir su normal desarrollo psicosexual". Por todo esto, Hermida Leyenda señaló que a los autores podría caberles una pena de 20 años de cárcel.

Andrés Bonicalzi, especialista en delitos sexuales y abogado de la ONG AVIVI (Ayuda a Víctimas de Violación), explicó en diálogo con Infobae qué penas podrían caberles a los acusados en caso que se acredite el abuso sexual. "Si se logró acreditar, por un lado, la existencia del acceso carnal y además la existencia de violencia, amenazas o que la víctima no pudo consentir libremente la acción por el grado de alcohol que tenía en sangre, es decir que se acredita que hubo violencia sobre su voluntad, vamos a estar frente al tercer párrafo del artículo 119, agravado por el inciso D, donde la pena va de los 8 a 20 años de prisión", señaló.

El letrado indicó que en el caso de que no se logre probar el acceso carnal y sea un caso de abuso sexual simple, la escala penal va a ser de 3 a 10 años de prisión. "En ambos casos –destacó– siempre y cuando se acredite la violencia, amenaza o la existencia de un grado de alcohol que no le haya permitido a la víctima poder consentir libremente la acción".

Bonicalzi agregó: "En el caso de que no se logre acreditar durante el proceso la violencia, amenaza o que no pudo consentir libremente la acción, es decir que existió voluntad de la víctima para llevar adelante el acto sexual, solo va a existir un delito si se logra acreditar que hubo un aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, teniendo en cuenta que los agresores son todos mayores de edad".

"El artículo 120 del Código Penal dice que va a caber una pena que va de los 3 a los 6 años, respecto de aquellos actos sexuales en los que existiere acceso carnal y la víctima sea mayor de 13 y menor de 16 años. Además de estos dos elementos, exige que haya habido un aprovechamiento de la madurez. Es decir, que los agresores hayan usado artimañas para que se termine llevando adelante el acto sexual", citó el especialista.

Bonicalzi recordó que en el caso del artículo 120 no está previsto el agravante de la pena por el inciso D del artículo 119. "La única pena que podría caber es la de 3 a 6 años, por lo cual podría ser considerada una pena, incluso, excarcelable, porque de 3 años para abajo son delitos que pueden traer aparejada una pena que no es de cumplimiento efectivo".

El juez Saúl Errandonea confirmó la detención de los cinco acusados
Al mismo tiempo, el abogado descartó que la "autonomía progresiva", que está incluida en el nuevo Código Civil, tenga alguna relevancia en la evaluación de este caso. Sin embargo, aclaró que esa condición se puede tomar para determinar el grado de madurez de la víctima a los efectos de saber si pudo haber existido un aprovechamiento por parte de los adultos.

Todas estas hipótesis están enmarcadas en la actual normativa, la cual sufriría cambios a partir de la reforma del Código Penal que llegará al Congreso de la Nación durante este año y que en su anteproyecto prevé importantes modificaciones en relación al delito de abuso sexual.

Este jueves por la mañana, el juez de garantías de Mar del Plata, Saúl Errandonea, hizo lugar al planteo de la fiscal Florencia Salas y confirmó la detención de los cinco acusados, quienes están alojados en el penal de Batán.

Infobae.com

Datos oficiales Abuso sexual contra niños: se detectan 5 casos por día pero es el delito que menos se denuncia.

La práctica volvió a estar bajo debate por el escándalo de la pensión de Independiente.

El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra la niñez y la adolescencia. A pesar de ser un problema que crece en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco mujeres y uno de cada trece varones han sufrido abusos sexuales en la infancia. En Argentina, las estadísticas del Ministerio de Justicia muestran que en los últimos quince meses hubo 2.094 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Los especialistas aseguran que esos números representan una ínfima parte de lo que sucede en la realidad.

La violencia sexual tiene muchas formas: la violación, el tocamiento, el acoso, el exhibicionismo, la explotación, el grooming, la pornografía forzada, las amenazas, la explotación, la facilitación a la corrupción. Hace dos semanas que el país se indigna por los abusos de chicos en Independiente y River. Y a medida que pasan los días las denuncias aumentan. En el club de Avellaneda se confirmaron nueve chicos de las inferiores abusados por los que hay cinco hombres detenidos. En el club de Núñez serían dos varones de fútbol y dos chicas de voley. Se habla de explotación sexual, de corrupción de menores, de facilitación para la prostitución.

Lo cierto es que la mayor cantidad de abusos contra los niños y niñas ocurre en la propia casa: siete de cada diez abusadores son los padres, los padrastros, los tíos y los abuelos.

“El abuso es una de las formas más tremendas de violencia hacia la infancia, pero los chicos tienen miedo de hablar porque son niños, porque se los juzga, por temor a las represalias, porque sienten culpa y vergüenza”, dice María Angeles Misuraca, oficial de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef.

“Cada vez recibimos más llamados, pero sigue siendo una porción milimétrica de lo que pasa. Hay miles y miles de casos silenciados por complicidad familiar, vergüenza y culpa”, explica Eva Giberti, del Programa Las Víctimas Contra las Violencias del Ministerio de Justicia. Ante un llamado al 0-800-222-1717, especialistas asesoran y ponen en contacto con organismos de niñez locales.

“Estos delitos son una cifra negra, y al no haber cifras se invisibiliza el tema. Simbólicamente, es de lo que la sociedad no quiere hacerse cargo -opina la abogada Norma Chiapparrone, consejera de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas-. De los pocos casos que son denunciados, un pocentaje mínimo tiene proceso judicial y llega a una sentencia. Salvo casos excepcionales, no hay condenas para los abusadores. La Justicia conservadora, machista y sin perspectiva de género no toma en cuenta las violencias que hay contra los niños y las niñas. Sigue operando un manto de oscuridad cómplice que convalida el altísimo grado de impunidad que hay en los abusos contra la infancia”.

La pensión de Independiente

“No hay denuncias por la máxima asimetría del crimen en sí: la víctima es un niño enfrentado a alguien con un poder extraordinario sobre él, como puede ser su padre o su maestro. Por eso la cifra negra es tan negra, por eso la imposibilidad de la denuncia -asegura Carlos Rozanski, ex juez y miembro Fundador de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil-. Antes se decía que los chicos mentían. Cuando ese argumento ya no sirvió porque la psicología demostró que no era así, se empezó a desacreditar a las madres que acompañaban a sus hijos en las denuncias. Las madres protectoras son desactivadas sistemáticamente y de las maneras más burdas por un sistema judicial penosamente machista y corporativo”.

Rozanski habla del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un instrumento que usan los padres acusados de abuso para desprestigiar a las madres. Según Richard Gardner (un psicoanalista estadounidense que se suicidó), estas madres les “lavan la cabeza” a los chicos para que inventen los abusos. Este síndrome no es reconocido en ningún manual de enfermedades mentales del mundo.

“El SAP es una vergüenza tanto en el ámbito de la psicología como de la justicia. Los chicos no mienten, sus dibujos son clarísimos. Y las madres que los acompañan para denunciar son tratadas de locas, de mentirosas”, se indigna Giberti.

“Los delitos sexuales tienen pocas sentencias porque hay pocas denuncias. Es un tema donde el subregistro es enorme porque la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Para una nena abusada por su padre, que tal vez la llena de regalos y la trata de princesa, es una situación ambivalente, porque es difícil que deje de quererlo. Después puede ser que este padre, para conseguir su silencio, pase a la etapa de las amenazas, que si habla va a matar a la mamá”, explica Marcela Rodríguez, del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación.

María Soledad Garibaldi, la fiscal que investiga los abusos en Independiente

“El incesto es el abuso que más graves consecuencias provoca. Y cuanta mayor cercanía emocional hay entre la víctima y el abusador, más devastador. En los varones incluso es más difícil porque pueden creer que su hombría quedó afectada o que van a ser futuros abusadores”, dice Rodríguez, y asegura que el abuso sexual en la infancia funciona como “campo de reclutamiento para la trata de personas, porque las víctimas más vulnerables para captar son las que ya han sido abusadas, victimizadas. La gran mayoría de las víctimas de trata fueron abusadas en la infancia”.
Hoy, si alguien se entera que un niño, niña o adolescente fue abusado, puede hacer la denuncia, pero si no es ratificada por los padres o tutores la causa se archiva y el Estado se desentiende. Suena ilógico si se sabe que la mayoría de los abusadores son sus propios padres. Diputados aprobó el año pasado un proyecto para modificar el Código Penal para que estos delitos pasen a ser de instancia pública. Ahora falta que se trate en el Senado.

“Es muy importante que este delito sea de instancia pública para que el Estado pueda intervenir y garantizar los derechos de los niños. Es una manera de darle más herramientas a la Justicia. Hay pocas denuncias y de las que hay, se estima que sólo una de cada diez avanza en la Justicia -explica Hernán Monath, especialista en Protección de derechos de Unicef-.

Los profesionales de la salud, de la educación, todos tienen que poder hablar para que se inicie una investigación judicial. Los casos del fútbol nos muestran que los varones también pueden ser víctimas, que es necesario protegerlos, que las instituciones son responsables y que los organismos de niñez tienen la obligación de garantizar sus derechos. 

En Argentina tenemos la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Hay que aplicarla”.

clarin.com
Mariana Iglesias
07/04/2018

La violación de Miramar y el efecto Lucifer.

Los factores situacionales son circunstancias que llevan a las personas a cometer actos antisociales o heroicos que jamás hubiesen imaginado. El polo negativo incluye situaciones en las que si un grupo de pertenencia en un momento determinado considera válidos actos antisociales, personas comunes y corrientes acceden a cometerlos.

Violación La Manada, España

Lo interesante es que esta violencia no la desplegarían en solitario en otro contexto y tampoco si alguien los conoce; hay dinámicas grupales que pueden inducir a que una persona se someta a las reglas que el resto considera correctas y necesarias en ese momento.

La realidad no se encuentra distorsionada, es más bien la adaptación de un sujeto y otro en un grupo poco estructurado que se congrega lo que puede propiciar un contagio por identificación y que conduce a una pequeña masa al "Efecto Lucifer", acuñado por el Dr. Philip Zimbardo luego de concluir con su experimento en la cárcel de Stanford sobre la vida en prisión a principios de los 70. En grupos de más de tres personas se observó que los escrúpulos morales individuales se encontraban suspendidos dando paso a un proceso de desindividuación por sumisión e incluso presión a las reglas repentinas y violentas del grupo, llevándolos a cometer acciones sin remordimiento y de extrema violencia con personas que no conocían previamente. Luego, el anonimato y la sensación de ausencia de responsabilidad hicieron el resto.

Algo parecido sucede con la dinámica de las violaciones grupales, donde la sumisión física de las víctimas brinda a cada individuo una sensación de poder distinta en la que se erotizan el poder y la humillación pública de la víctima. En ciertas violaciones grupales no existe una estructura organizativa formal pero aparece un líder espontáneo que fomenta la violación, incluso sin el uso de desinhibidores, porque existiría una predisposición a la violencia e insensibilidad, además de una gran capacidad de manipular a otros.

Violación La Manada, España

En estos casos, un miembro suele dudar y equilibrar la situación pudiendo elegir adherirse al frenesí del resto o no. Esto depende de la aprobación o represalias posteriores por parte del grupo o enfrentándose con las normas sociales; es una evaluación de costo beneficio desde el punto de vista criminal.

En estos hechos el más sádico es el último en violar a la víctima, porque para poder conseguir una excitación sexual, observó el dolor físico y emocional, la indefensión y la coacción del grupo hacia el más débil. Las violaciones grupales están motivadas por estímulos sexuales desviados y de aumento de autoestima a través del miedo que se ejerce. La hostilidad física y verbal utilizada por cada uno de los miembros no está relacionada a la excitación o gratificación sexual, sino que es manipular a los reacios de violar a una mujer lo que al líder lo excita y gratifica, y al resto, la aprobación de sus pares.

Estas víctimas por lo general suelen ser preseleccionadas por un conocimiento previo de corta data o elegidas al azar como pareciera ser este caso, donde el ataque se da en un lugar semipúblico, donde hay otros grupos celebrando y ruidos que podrían hacer pasar desapercibidos los pedidos de auxilio de la víctima. Es el contexto que en la mente de los agresores se convierte en propicio y preferencial, evaluando que reduciría el riesgo a ser interrumpidos en pleno acto para luego probablemente huir, sin considerar que la menor estaba siendo buscada por sus familiares.

Laura Quiñones Urquiza

lanacion.-com.ar

Estos son los 5 acusados de violar a una nena de 14 años en un camping de Miramar

Son marplatenses de entre 21 y 23 años, rugbiers, surfears y músicos, que deberán prestar declaraciones en los Tribunales de Mar del Plata.

Los cinco amigos acusados: Lucas Pitman (21), Tomás Jaime (23), Juan Cruz Villalba (23), Emanuel Díaz (23) y Roberto Costa (21). (Foto: Infobae).

Cinco jóvenes marplatenses, todos de entre 21 y 23 años, están acusados de violar a una menor de 14 años en un camping de la ciudad de Miramar, durante la madrugada de Año Nuevo. Hoy miércoles por la mañana, el grupo prestará declaración en los Tribunales de Mar del Plata frente a la fiscal del caso, Florencia Salas. Tras conocerse los resultados de los exámenes médicos, todos habrían sido imputados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado".

Los acusados son Lucas Leonel Pitman (21), Tomás Agustín Jaime (23), Juan Cruz Villalba (23), Mariano Manuel Díaz (23) y Roberto Fabián Costa (21), al igual que la víctima y su familia, todos oriundos de la ciudad de Mar del Plata.

El grupo de cinco amigos recorrió en la Traffic blanca que Díaz usa para realizar fletes los 46 kilómetros que separan Mar del Plata de Miramar, para recibir el 2019 brindando juntos. Como muchos marplatenses en esta época del año, habían decidido cambiar una ciudad invadida por el turismo y el ruido por un plan alternativo.

Según informó Infobae, pasaron la noche de Año Nuevo en el camping El Durazno de Miramar, ubicado en el kilómetro 1 de la Ruta 11, un complejo tradicional de la ciudad costera, con precios accesibles, bungalows, parrillas y una pileta, que vieron como el lugar ideal para pelear contra el calor sofocante de las últimas horas de diciembre.

Cuando llegó la medianoche del martes el camping era un ir y venir de desconocidos que brindaban unos con otros y se sonreían a la distancia deseándose un feliz año, aunque apenas tuvieran en común la cinta de papel alrededor de sus muñecas, única identificación y medida de seguridad de los huéspedes de El Durazno.

Fue entrada la madrugada que la madre de la adolescente, al advertir que hacía mucho tiempo que no veía a su hija, comenzó a buscarla por el complejo. La encontró en la zona de carpas, según precisaron fuentes cercanas a la investigación "en un estado deplorable", aunque no quisieron dar detalles a partir de la situación de vulnerabilidad de la menor. Los cinco jóvenes estaban junto a ella.

La mujer comenzó entonces en medio de una crisis de nervios a llamar desesperada y a los gritos a su marido, mientras otras personas alertadas por la escena se acercaban a la carpa en la que cada vez se juntaba más gente. La menor dijo que había sido violada por el grupo.

Tras mucha confusión, corridas y la llegada de la policía al lugar, la fiscal de la UFI Descentralizada de Miramar, Florencia Salas, dispuso que se realizaran exámenes médicos a todos los involucrados, incluidas las pericias sobre las prendas íntimas que llevaban puestas tanto la menor de 14 años como los cinco acusados.

En las últimas horas de ayer martes fuentes judiciales dejaron saber a Infobae que la representante del Ministerio Público dispuso la aprehensión de los cinco jóvenes, ahora imputados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado".

Algunos de los involucrados además habían sido jugadores de rugby en el club Bigua de Mar del Plata, una institución con más de 67 años de historia en La Feliz. Pitman, que estuvo en sus filas y se declaraba fanático del equipo, también había realizado al menos el curso para ser guardavidas en La Feliz.

Los cinco jóvenes pasaron la noche en la Unidad Penal 44 de Batán, para ser trasladados a primera hora a los Tribunales marplatenses. A pesar del gran hermetismo con el que se maneja la Justicia, algunas fuentes dejaron saber en relación a la víctima, que tanto ella como su familia debieron recibir inmediata atención psicológica tras lo ocurrido.

entrelíneas.info