La "lapidación" que ordenó Cristina

El kirchnerismo intensifica una operación política y mediática para demoler al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, un juez incómodo para los planes de impunidad de Cristina Kirchner y probablemente para el trío peronista del máximo tribunal que esta semana logró dejarlo nuevamente aislado, aunque paradójicamente más legitimado frente a la sociedad, al convertirse en el único cortesano que votó en contra del escandaloso "salvataje" de la expresidenta que casi consuma el máximo tribunal. Como ironizó el politólogo Andrés Malamud en un picante tuit: ganó Rosenkrantz 1 a 4. El descrédito social que ganó la mayoría cortesana peronista durante la última semana solo puede equipararse con la deslegitimación que afrontó el propio Rosenkrantz cuando, en 2017, votó a favor de la aplicación del cómputo del "2X1" para los condenados por crímenes de lesa humanidad. Todo lo que va vuelve entre los dos rivales de este drama, el actual presidente de la Corte y su antecesor, Ricardo Lorenzetti. Un duelo que solo aumenta el otro riesgo país: el riesgo legal.

¿De qué se trata? Es el riesgo que ofrece una Corte Suprema atravesada por las luchas de poder, politizada e impredecible. Precisamente, uno de los obstáculos que vino demorando el ingreso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es la precariedad de su sistema judicial. Y el ingreso al organismo es clave para atraer inversiones al país.

Militante de una justicia republicana (porque Rosenkrantz es un militante en esa épica), idealmente desligada de las demandas de gobernabilidad del Ejecutivo, este exmilitante juvenil alfonsinista simboliza la contracara de Zaffaroni, quién se acaba de manifestar a favor de "eliminar" el Poder Judicial. Es decir: ahora ya no se trata de "democratizar" la Justicia, sino de impulsar una reforma constitucional para, eventualmente, preparar el territorio de una imaginada hegemonía cristinista. Para el ala radicalizada de CFK habría que quitar el Poder Judicial para fortalecer el Ejecutivo.

La estrategia de campaña de Cristina incluye, entre otros blancos, esmerilar al principal archienemigo de Lorenzetti, con quién, según coinciden en el Instituto Patria y en el Gobierno, se habría reunido la expresidenta hace poco más de un mes. Para su soñado regreso, el sector más institucionalista -Alberto Fernández, digamos- sueña con ver a Horacio Rosatti, exministro de Justicia kirchnerista, en la silla de Rosenkrantz. En el Gobierno especulan, incluso, con una hipótesis más audaz, aunque no descabellada teniendo en cuenta la última jugarreta fallida: Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, los tres de filiación justicialista, buscarían evitar la foto de otro expresidente peronista en el banquillo de los acusados -o peor, condenado- por asuntos de corrupción. Esta supuesta estrategia podría beneficiar a Carlos Menem por la causa de los sobresueldos, que está por llegar a la Corte. Claro que después del escándalo judicial de esta semana todas estas elucubraciones tienden a revisarse.

"A Cristina le gustaría verlo (a Rosenkrantz) en el banquillo del juicio político", susurran en el Instituto Patria. Este razonamiento simplificado y paranoico podría resumirse así: Rosenkrantz es Clarín porque, en el pasado, fue abogado de ese grupo. El cristinismo suele proyectar en los otros las propias exigencias internas de sumisión, obediencia y lealtad tóxica. Como bien grafica Alejandro Fargosi: "Yo he sido abogado de un montón de empresas a lo largo de mi carrera, pero eso no quiere decir que me hayan comprado el alma".

La estrategia de limar a Rosenkrantz comenzó en el mismo momento de su designación como juez de la Corte y se intensificó a partir de su nombramiento al frente del máximo tribunal, cuando su antecesor movió hilos internos, según afirman fuentes cortesanas, para quitarle facultades administrativas que históricamente habían sido de la presidencia, como la designación de personal. El segundo round sucedió el día que hizo su primer discurso de apertura del año judicial: diez jueces federales decidieron pegar el faltazo a esa ceremonia. "Ese vacío no tuvo tanto que ver con Rosenkrantz, sino con la lealtad que ellos tienen hacia Lorenzetti", resume uno de los magistrados que sí estuvo presente. Aquel 19 de marzo Rosenkrantz asumió una autocrítica profunda. Admitió que el Poder Judicial atraviesa una "crisis de legitimidad", pero fue aún más lejos: "Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia republicana"; "se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho". Precisamente, por ahí arrancó la operación mediática para lapidarlo: sembrando sospechas sobre su integridad, mezclando argumentos verdaderos con falsos, para configurar un supuesto conflicto de intereses entre su rol de supremo y su vida anterior como abogado o apoderado de un gran listado de empresas. Por Twitter, días atrás, se desató una polémica sobre filosofía del derecho e interpretación de reglas procesales entre Andrés Rosler y Osvaldo Pérez Sammartino contra Aníbal Fernández. No hace falta explicar quién ganó.

El kirchnerismo le endilga al presidente de la Corte haber intervenido como juez en causas donde están involucradas empresas de las que él fue abogado. El punto es que, según la regulación que hace el Código Procesal sobre los conflictos de intereses, la incompatibilidad es con la causa, no con el cliente. Fargosi lo explica así: "La excusación corresponde cuando un juez debe opinar en la misma causa en la que antes intervino como abogado. ¿Por qué? La propia Constitución pide, como mínimo, que un juez de la Corte trabaje antes como abogado por un plazo mínimo de ocho años. Pero cuando se llega a la Corte, que es el final de una carrera, se ha trabajado 30 o 40 años como abogado y se ha defendido a cientos de clientes. Es decir, sería contrario al sentido común que, como juez, no pudiera juzgar casos que involucren a esos clientes en aquellos pleitos que no tuvieron nada que ver con él".

Hay que agregar que Macri contribuyó a las dificultades de legitimación de Rosenkrantz cuando, a instancias de uno de sus abogados preferidos, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, lo nombró por decreto. Y también el propio Rosenkrantz hizo un aporte a su autolapidación cuando decidió ir a la fiesta de casamiento de la hija de Rodríguez Simón y sacarse fotos con él. Como dice Martín Böhmer: un juez no solo tiene que ser sino parecer". Böhmer fue, junto a Rosenkrantz, Saba y Gargarella, integrante de los "Nino boys", el grupo de jóvenes alfonsinistas referenciados en Carlos Nino, el jurista que convenció a Alfonsín de impulsar el juicio a las Juntas.

El origen del actual presidente de la Corte vuelve más sorpresiva su opinión favorable sobre el fallo que, en su momento, beneficiaba a represores. Pero Rosenkrantz es este tipo de juez, que replica el paradigma de Carmen Argibay: está convencido de que un magistrado está para aplicar las leyes, no para decidir si le gustan o no. El problema es que está rodeado por quienes sostienen la lógica contraria: la de la construcción de poder. ¿Se podrá realmente cambiar y presidir la Corte argentina como si fuera la danesa?

Por: Laura Di Marco
La Nación

La Corte Suprema ya votó por Cristina Kirchner

La Corte Suprema, el máximo tribunal de justicia del país, se convirtió ayer en un tribunal ordinario. Descendió varios escalones en la jerarquía solo para hacerle el más grande favor que la Justicia le haya hecho hasta ahora a Cristina Kirchner .

Quebró la jurisprudencia de la propia Corte, ignoró el principio constitucional de la igualdad ante la ley y creó un pésimo precedente. Nada de eso puede hacerse sin un claro interés político y electoral, pocos días después de que Cristina oficializara implícitamente su candidatura en la Feria del Libro y casi al mismo tiempo que ratificara esa decisión con su visita a la sede el Partido Justicialista. Es imposible desvincular la resolución del tribunal de la extracción política de los miembros que la firmaron: todos, menos Elena Highton de Nolasco , se han formado en el peronismo. Si hay que resumir una conclusión, puede decirse que la Corte Suprema ya votó, sin cuarto oscuro y sin boleta. Votó por Cristina en la extrema polarización entre ella y Mauricio Macri . Es posible que esos jueces estén diciendo también, como otros argentinos, que vivían mejor con Cristina.

Es necesario, para medir el tamaño de la injusticia, profundizar en el desvarío de la Corte Suprema. Una vieja jurisprudencia del tribunal sostiene que los jueces supremos tratan casos penales solo cuando estos tienen sentencia definitiva. Es decir, cuando ya pasaron por el juez de primera instancia, por la Cámara Federal, por el juicio oral y público y por la Cámara de Casación. Hay muy pocas excepciones de extrema gravedad en la historia. Algunas apelaciones de Cristina Kirchner llegaron a la Corte en noviembre del año pasado, y otras en marzo de este año. ¿Era necesario que la Corte le arrebatara el expediente a las instancias inferiores una semana antes de que se iniciara el juicio oral? ¿Por qué no lo hicieron antes si consideraban que existía tal gravedad? No hay explicación para eso. No la puede haber. La Corte Suprema, cuya función esencial es velar por el cumplimento de la Constitución, tiene siempre, al final del proceso, la oportunidad de señalar si un juicio fue constitucional o inconstitucional. Nunca antes del final, porque si lo hace se convierte en un tribunal ordinario. Es lo que hizo el martes. La propia Corte había rechazado, con la firma unánime de sus miembros, una apelación de Cristina Kirchner en esta misma causa porque "no se dirige contra una sentencia definitiva" (había pedido la nulidad del sorteo que asignó el caso al Tribunal Oral número 2). Fue en diciembre pasado. La Corte modificó al martes ya no la jurisprudencia histórica de la Corte, sino la suya propia.

Si bien el juicio oral y público contra la expresidenta y otros exfuncionarios por la obra pública, que debe iniciarse el próximo martes, no fue formalmente postergado por la Corte, todo depende de la decisión que esos jueces tomen sobre las apelaciones de Cristina. Uno de los pedidos de prueba de la expresidenta, que ahora está en poder de la Corte, reclama una auditoría de la obra pública durante los 12 años del kirchnerismo. Los jueces de instancias inferiores le denegaron ese pedido porque lo consideraron una artimaña para postergar el juicio oral y porque solo es necesario juzgar los delitos probados. ¿Qué sucedería si la Corte aceptara la auditoría? Ocurriría que el juicio se postergaría no semanas ni meses, sino años.

Insistentes versiones que circulan en la Corte Suprema, y cerca de la propia Cristina, aseguran que Ricardo Lorenzetti se vio con la expresidenta hace uno o dos meses. Le habría planteado le necesidad de una reconciliación entre ellos. Lorenzetti es un "zorro herido", según lo definen en los despachos de la Corte, desde que perdió la presidencia del cuerpo. De hecho, ayer en sus oficinas señalaban que él no haría ninguna aclaración sobre por qué firmó esa resolución y agregaban que quien debía hablar por la Corte era su presidente, Carlos Rosenkrantz , porque se trató, aseguraban a su lado, de una "decisión institucional" del tribunal. No es cierto. No hubo decisión institucional, sino las sorpresivas firmas de cuatro de los cinco jueces del tribunal. La excepción fue precisamente Rosenkrantz, quien ya hace tiempo estampó en esas apelaciones de Cristina una frase corta y terminante: "No, porque no hay sentencia definitiva". Digan lo que digan de Rosenkrantz, es el único juez de la Corte que primero lee la ley y luego la jurisprudencia del tribunal para después tomar una decisión. Es difícil encontrar en sus decisiones retorcidos intereses políticos. El propio Gobierno suele criticarlo por lo bajo por su extremo apego a las leyes más allá de las opiniones de sus colegas en el tribunal. Lorenzetti lo desprecia profundamente y lidera la franja de jueces que le negaron a Rosenkrantz hasta la posibilidad de nombrar personas de su confianza para administrar los cuantioso recursos de la Corte. "Lorenzetti está trabajando un pacto de impunidad para el kirchnerismo", disparó ayer Elisa Carrió .

Horacio Rosatti , nombrado junto con Rosenkrantz en la era Macri, es un peronista que conserva buena relación con Cristina Kirchner. Fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner , cargo al que renunció sin aclarar nunca explícitamente por qué se fue. Algunos colaboradores suyos fueron funcionarios en la época del kirchnerismo. Highton de Nolasco conserva indebidamente su cargo. Ya cumplió los 75 años y está aferrada a una cautelar que la confirmó como jueza, a pesar de que los otros jueces de la Corte firmaron una acordada ordenando que los magistrados deben jubilarse a los 75 años, según el mandato de la Constitución. Convive con quienes opinan que debería estar en su casa, en la placidez del retiro. Highton de Nolasco sobrevive entre traición y traición. Primero lo traicionó a Lorenzetti cuando ayudó a su caída de la presidencia y ahora lo traiciona a Rosenkrantz, a quien votó como presidente, porque siempre lo deja solo. El exjefe de Gabinete Alberto Fernández , reconciliado con Cristina Kirchner y convertido en uno de sus hombres de mayor confianza, tiene una vieja relación con Highton de Nolasco. Juan Carlos Maqueda ("el único caballero entre los jueces peronistas", dicen en la Corte) prefiere siempre acompañar a Lorenzetti y a Rosatti antes que a Rosenkrantz.

Uno de los argumentos más trasegados por los jueces del tribunal es que se trataba de un "caso de envergadura" que ameritaba que la Corte revisara las apelaciones para que en el futuro no se pidiera la nulidad de la causa. ¿Cuál es la envergadura? La única que salta a la vista es que se trata de Cristina Kirchner. Pero, ¿Cristina no es igual que cualquier otro ciudadano que debe someterse a la Justicia y esperar las sentencias de todas las instancias inferiores para solo entonces recurrir a la Corte? En tal caso, ¿dónde quedó olvidado el principio constitucional de que todos los argentinos son iguales ante la ley? ¿O Cristina tiene una jerarquía especial que no la iguala al resto de los argentinos?

Algunos jueces supremos señalaron que la escandalosa resolución del tribunal cayó en el abismo de la grieta política y que ellos no están de un lado u otro de la grieta. Son ellos los que están politizando la cuestión. No se trata de la grieta política, sino de la jurisprudencia de la Corte, del respeto a otras instancias de la Justicia y de sentido común. El sentido común indica que no se puede, ni se debe, amenazar con postergar un juicio oral y público a una semana de su inicio. Los jueces del tribunal oral no saben qué hacer o que harán. Otros jueces de instancias inferiores desconocen también cómo seguirá la jurisprudencia de la Corte. ¿Es una nueva jurisprudencia, en la que la Corte puede intervenir en cualquier instancia del proceso, o es una jurisprudencia especial para Cristina? Se trata, además, de un caso probado de direccionamiento de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez, sobre el que el juez Julián Ercolini hizo una impecable investigación.

Hace poco circuló la versión de que merodeaba la idea de un acuerdo de impunidad en la causa de los cuadernos (no en la del direccionamiento de la obra pública) y que ese acuerdo tenía como epicentro la Corte Suprema. Consistiría en que la Corte tome la causa, la coloque en un cajón, lo cierre con llave y tire la llave al río. Muchos años después, otra Corte podrá absolver a todos porque pasó el "tiempo razonable", como sucedió ya con Carlos Menem en el caso del contrabando de armas. Pareció inverosímil. Solo pareció hasta ahora, cuando la Corte hizo algo muy parecido a lo que se insinuaba para aquel eventual acuerdo. Sea como fuere, la Corte tiene poco tiempo para reflexionar. En una extraña costumbre, la Corte toma decisiones con connotaciones políticas en años electorales hasta la feria judicial de julio. Después se calla hasta que hayan pasado las elecciones.

Si ese fuera este caso, no se sabrá nada del juicio a Cristina hasta diciembre. Pero la realidad que acecha a la Corte es otra, más dura que esas costumbres demasiado electoralistas. Si el juicio se postergara más de una o dos semanas, los jueces del tribunal no serán criticados por arbitrariedad manifiesta, como los critican ahora, sino por obstrucción de justicia y por complicidad implícita.

Por: Joaquín Morales Solá