La atribución de responsabilidad sobre la crisis tarifaria en el servicio eléctrico involucra distintos niveles de gobierno e instituciones, originando lecturas contrapuestas según la perspectiva política y técnica con la que se evalúe el rol del intendente Juan de Jesús.
Factores de jurisdicción federal y provincial
Nivel de tarifas y subsidios: Las facturas de energía eléctrica están compuestas principalmente por el costo de generación (fijado a nivel nacional) y el costo de distribución (cuya tarifa regula la provincia de Buenos Aires a través del OBA/OCEBA). Ni el intendente ni el municipio de La Costa poseen potestad normativa sobre el costo por kilovatio/hora de prestadoras como EDEA o las cooperativas eléctricas.
Quita de subsidios: La quita progresiva de subsidios por parte del Gobierno Nacional y la readecuación de cuadros tarifarios provinciales han provocado incrementos severos en la región bonaerense, impactando con mayor fuerza en zonas de alto consumo invernal sin red de gas natural.
Argumentos que señalan una responsabilidad local (Críticas a la gestión)
Presión fiscal en la tasa municipal: Las facturas incluyen habitualmente cargos e impuestos municipales (como la Tasa de Alumbrado Público o tributos percibidos a través de la boleta de servicio). Sectores críticos señalan que el ejecutivo municipal no redujo ni eliminó las alícuotas fijadas en la Ordenanza Fiscal e Impositiva para aminorar el costo final abonado por los vecinos.
Falta de contención social e institucional: Opositores y grupos de vecinos movilizados argumentan que la gestión local demoró en articular respuestas institucionales de contención (como amparos colectivos, exenciones fiscales de emergencia o negociaciones directas con las prestadoras) frente a las emergencias por falta de pago y amenazas de corte.
Argumentos que deslindan responsabilidad a la gestión local (Postura oficial)
Falta de competencia legal: La administración municipal argumenta que no tiene facultades para frenar ni intervenir en las resoluciones tarifarias dictadas por el Ministerio de Economía nacional ni por la Subsecretaría de Energía bonaerense.
Acompañamiento y gestión administrativa: Desde la comuna destacan que se han dispuesto operativos a través de la Dirección de Defensa del Consumidor para asesorar a los vecinos en la inscripción del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), además de reclamar ante organismos supramunicipales por las condiciones climáticas del distrito para el cálculo del consumo.
Causas originarias del incremento de las facturas en el servicio eléctrico
El incremento exponencial en las facturas de electricidad, frecuentemente calificado como abusivo por los usuarios, no responde a una única causa, sino a la actualización simultánea y concentrada de los tres componentes estructurales que conforman la tarifa final.
Costo de Generación y Transporte (Jurisdicción Nacional): Refleja el costo real de producir la energía en el mercado mayorista y transportarla. Históricamente, el Estado nacional subsidiaba gran parte de este eslabón. El origen principal de las subas radicales radica en la decisión de transparentar el costo real de la energía y trasladarlo a los usuarios. Mediante el esquema de segmentación (RASE), se eliminaron subsidios para los usuarios de mayores ingresos (Nivel 1) y se redujeron severamente los topes subsidiados para sectores medios (Nivel 3) y vulnerables (Nivel 2).
Valor Agregado de Distribución o VAD (Jurisdicción Provincial): Es el margen que cobran las empresas distribuidoras locales (como EDEA o las cooperativas eléctricas) por operar, mantener el cableado y llevar la energía a los hogares. Para compensar el atraso tarifario frente a la inflación y la suba de insumos operativos, los gobiernos provinciales autorizaron fuertes recomposiciones en este ítem.
Carga Impositiva (Nacional, Provincial y Municipal): Alrededor del 25% al 30% del monto total de una boleta promedio está compuesto por impuestos (IVA), contribuciones provinciales y tasas municipales (como el Alumbrado Público o fondos de infraestructura). Debido a que la gran mayoría de estos tributos se calculan como un porcentaje directo sobre el monto del consumo, al dispararse el costo mayorista y el VAD, los valores percibidos por impuestos aumentaron de manera automática y proporcional.
El incremento exponencial en las facturas de electricidad, frecuentemente calificado como abusivo por los usuarios, no responde a una única causa, sino a la actualización simultánea y concentrada de los tres componentes estructurales que conforman la tarifa final.
Costo de Generación y Transporte (Jurisdicción Nacional): Refleja el costo real de producir la energía en el mercado mayorista y transportarla. Históricamente, el Estado nacional subsidiaba gran parte de este eslabón. El origen principal de las subas radicales radica en la decisión de transparentar el costo real de la energía y trasladarlo a los usuarios. Mediante el esquema de segmentación (RASE), se eliminaron subsidios para los usuarios de mayores ingresos (Nivel 1) y se redujeron severamente los topes subsidiados para sectores medios (Nivel 3) y vulnerables (Nivel 2).
Valor Agregado de Distribución o VAD (Jurisdicción Provincial): Es el margen que cobran las empresas distribuidoras locales (como EDEA o las cooperativas eléctricas) por operar, mantener el cableado y llevar la energía a los hogares. Para compensar el atraso tarifario frente a la inflación y la suba de insumos operativos, los gobiernos provinciales autorizaron fuertes recomposiciones en este ítem.
Carga Impositiva (Nacional, Provincial y Municipal): Alrededor del 25% al 30% del monto total de una boleta promedio está compuesto por impuestos (IVA), contribuciones provinciales y tasas municipales (como el Alumbrado Público o fondos de infraestructura). Debido a que la gran mayoría de estos tributos se calculan como un porcentaje directo sobre el monto del consumo, al dispararse el costo mayorista y el VAD, los valores percibidos por impuestos aumentaron de manera automática y proporcional.
