Parte 3 ~ ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? - Política social

Prefacio:

“La evidencia sugiere que la AUH no parece suficiente para atraer a las niñas y mujeres jóvenes más vulnerables que todavía están fuera del sistema educativo”, admite el documento del Gobierno. Además, reconoce que sus resultados sobre las tasas de asistencia escolar primaria son “muy pequeñas” y “prácticamente no es relevante” su condicionalidad en salud.

Otro Programa, Hacemos Futuro que “este plan, contiene a unos 700.000 beneficiarios”. , directamente vinculado al mundo del trabajo. De ese total, sólo 11.000 lograron incorporarse al trabajo formal.

Fundación Libertad y Progreso investigó cuál es el nivel de “condicionalidad percibida” por el beneficiario que recibe un plan de este tipo:

~       para el 60%, la única obligación que tenían era “hacer controles de salud periódicos a sus hijos”;

~       un 54% respondió que la condición era “mandar a los hijos a la escuela”;

~       sólo 12,7% afirmó “trabajar a cambio del plan” y

~       7,7% “buscar activamente trabajo”.

~       7,7% “buscar activamente trabajo”.

Evidentemente las cosas no están saliendo bien y se pueden agravar: sólo 7,8 millones de personas que trabajan en el mercado formal privado sostienen a 18,8 millones (entre planes sociales, jubilados y empleos públicos).

Parte  3

“HAY QUE INVERTIR EN POLÍTICAS
SOCIALES DE CALIDAD”

“El Estado debe actuar por una cuestión moral pero también por una cuestión estratégica: invertir en políticas sociales de calidad es una táctica fundamental para garantizar un desarrollo económico sostenible del país”, afirma José Florito, coordinador del programa de Protección Social de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). PERFIL Córdoba, dialogó con el experto.

- ¿Los planes sociales contemplan herramientas para independizar a los beneficiarios del asistencialismo?
- A diferencia de otros países de la región, la Argentina no tiene una impronta asistencialista en la diagramación de sus políticas sociales. De hecho, se caracteriza por el afán universal de sus prestaciones, a las que entiende como garantías de derechos y no como recursos condicionales a una situación concreta de vulnerabilidad. No obstante, hay varios programas que consisten en transferencias de ingreso con contraprestaciones laborales.
Entre ellos, por ejemplo, están los que buscan que las personas se capaciten en oficios o terminen la escolaridad secundaria; los que las insertan en pasantías o prácticas laborales; o las que generan un proceso de mejora del currículum y articulan con las empresas o el sector público para facilitar una inserción laboral decente. A su vez, hay una intención de integrar estos programas en un proceso más amplio que incluya acceso a servicios de salud o educativos y planes para la formalización laboral en el caso de empleados informales.

- ¿Cómo generar incentivos para que los beneficiarios puedan pasar a un estadio de cierta autonomía económico-laboral?

- La enorme mayoría de los receptores de programas e intervenciones de índoles sociales trabajan, pero lo hacen en el mercado informal, caracterizado por bajos ingresos e insuficiente protección social, o a través del cuidado y la realización intensiva de tareas domésticas, como es el caso de muchas mujeres. Entonces, las intervenciones de protección social deben pensarse como una estrategia integrada para fortalecer capacidades de las personas y que se puedan insertar en trabajos de calidad. Hay que tener en cuenta que muchas veces estas poblaciones son expulsadas del mercado de trabajo formal y en consecuencia ven sus derechos vulnerados, por lo que el Estado debe actuar por una cuestión moral (de reparación) pero también por una cuestión estratégica: invertir en políticas sociales de calidad es una táctica fundamental para garantizar un desarrollo económico sostenible del país.

-El Estado (en sus diferentes niveles) ¿invierte estratégicamente en formación para el trabajo?

-La formación para el trabajo incluye una serie de intervenciones que van desde la educación formal hasta las instancias de capacitación no formales y los programas de inserción laboral. En términos de déficit de inversión, es necesario que las provincias y el Estado nacional avancen en estrategias mancomunadas para incluir a poblaciones que actualmente están afuera del sistema educativo: niños menores de cuatro años en espacios de cuidado y enseñanza; personas en contextos rurales de difícil acceso; y particularmente adolescentes a partir de los 15 años, edad en la que empieza la deserción educativa. Por otro lado, también es necesario que los programas de formación para el trabajo, que dependen sobre todo de la Secretaría de Trabajo a nivel nacional y de las áreas de Trabajo de las provincias, se fortalezcan y se integren en un plan consolidado con una teoría de cambio y una mejor articulación con el sector privado.

DIEZ (10) PROPUESTAS. 

Los resultados en términos de pobreza demuestran que el Estado debe tomar medidas urgentes. Ello no implica necesariamente aumentar la inversión social, sino mejorar el mecanismo de las transferencias condicionadas. Aquí las sugerencias de la Fundación Libertad y Progreso:

1) Crear un organismo independiente, dirigido por académicos y controlado por la oposición política y organismos independientes, para evaluar y medir el impacto de los planes sociales.

2) Introducir mecanismos de corrección de errores que se cometen en el costo burocrático de cada plan, la eficiencia en la entrega y el objetivo buscado.

3) Reducir la cantidad de programas sociales.

4) Articular los programas con las provincias y los municipios.

5) No dejar que los planes nacionales sean distribuidos por Intendentes o por agrupaciones políticas.

6) Crear programas que apunten a no perdurar en el tiempo, con incentivos a dejarlos y acompañados con capacitación.

7) Crear programas enfocados en trabajo en blanco, con descuentos impositivos para empresas que contraten a los beneficiarios.

8) Incentivar la inversión a través de una mejor calidad institucional, reglas de juego claras, reducción de la burocracia y de los impuestos.

9) Crear programas que fomenten los microcréditos con acompañamiento de gestión de los emprendimientos y de capacitación.

10) Involucrar en los proyectos al Tercer Sector (ONG) para evitar el clientelismo político.

Conclusiones:

Sin lugar a duda, miles de millones de pesos mensuales son despilfarrados en programas totalmente ineficaces a la luz de los míseros resultados obtenidos.

Los especialistas -e incluso funcionarios del Gobierno nacional- suelen comparar el gasto social con el gasto total - contabilizando también los intereses de la deuda- o con el Producto Bruto Interno (PBI).  

Si se compara el gasto social con el total del gasto en 2019, llegaría al 65,6% (el tercero más alto de la serie), mientras que si se lo compara con el PBI sería el 14,3% (y ocuparía el cuarto lugar) (Referencia: Chequeado.com).

Presupuesto ciudadano 2019 (Minhacienda.gob.ar)

Sería prudente analizar cuidadosa y rápidamente todos los planes sociales vigentes para re-diseñarlos, brindar objetivos claros, evitar la dependencia económica que genera un fortísimo desaliento para la actividad laboral, dar el control de gestión a la oposición y garantizar con la participación de las ONG para prevenir el clientelismo político.
No se puede sostener en el tiempo un gasto de tal magnitud, no corregir estos errores nos fuerza a crisis económicas cada 5 /7 años.