Prólogo
Hemos establecido en el artículo anterior que el índice de pobreza en el segundo trimestre del 2016 se hallaba en el 32,2 % y que la inflación a fines del 2015 estaba en el 40% interanual y el déficit fiscal financiero llegó a un 7% del PBI. También tomamos conocimiento del significado de la pobreza en el siglo XXI, y es muy importante que lo tengamos siempre presente …. “La pobreza es la incapacidad de las personas para acceder a la salud, la educación, el trabajo productivo y remunerado, la seguridad personal, la libertad política, al respeto a los derechos humanos y la participación en la vida comunitaria”.
Cualquier vecino de nuestro distrito puede preguntarse si encuentra en su vida fácil acceso cotidiano a los servicios y derechos que la definición moderna establece. Obviamente NO.
¿Puede la sociedad encarar el tratamiento de la pobreza cuando la vida cotidiana nos indica que estamos fuera de la definición de “vida tolerable”?
¿Son satisfactorios los planes que sólo te dan una ayuda económica? ¿Son mejores aquellos que están condicionados por una contraprestación necesaria para el desarrollo individual (completar estudios primarios o secundarios, aprendizaje de oficios, etc.)?
De los 60 planes que Cristina Kirchner dejó de legado, sólo 3 (tres) requerían contraprestación.
Parte 2
Planes sociales, como Programas de Transferencias Condicionadas (PTCs).
Del total de planes sociales solo tres pueden entrar en la categoría de Programas de Transferencias Condicionadas (PTCs):
~ La Asignación Universal por Hijo (AUH),
~ el plan Hacemos Futuro (los ex Argentina Trabaja y Ellas Hacen) y
~ las becas Progresar.
Los PTCs surgieron a mediados de los 90 (con el plan Bolsa Familia, en Brasil, y el Progresa, en México) como una nueva herramienta para combatir la pobreza que genera incentivos para que las personas busquen desarrollarse y superar esa situación.
¿Consiguieron resultados en su versión nacional?
La realidad habla. La AUH es uno de los pilares de la política social argentina destinada a los niños y adolescentes más vulnerables. El 60% de la población de ingresos más bajos capta la mayor parte de sus beneficios.
“Su impacto es significativo, aunque dista de ser
determinante en términos de eliminar la pobreza o reducir la desigualdad”,
admite un documento titulado Análisis y propuestas de mejoras para la AUH, que
realizó en 2017 el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en
colaboración con Unicef, Cedlas y el Anses. Sin embargo, la creciente cobertura de la AUH no fue acompañada por una
reducción de la pobreza medida por ingresos en la niñez. Según Unicef,
entre el 25% y el 32% del total de niños son pobres multidimensionales. Esto
implica un valor que oscila entre 3,3 millones y 4 millones. El Indec, septiembre 2018, fue más allá e informó que en
el segmento de 0 a 14 años, la pobreza alcanza al 41%.
Con relación a la
condicionalidad educativa, la AUH tiene un fuerte
impacto positivo sobre las tasas de asistencia secundaria de los varones de
entre 15 y 17 años; pero para las mujeres, no hay un efecto
significativo sobre la asistencia.
“La evidencia sugiere que la AUH no parece suficiente para atraer a las niñas y mujeres jóvenes más vulnerables que todavía están fuera del sistema educativo”, admite el documento del Gobierno. Además, reconoce que sus resultados sobre las tasas de asistencia escolar primaria son “muy pequeño” y “prácticamente no es relevante” su condicionalidad en salud.
Adicionalmente, desde que se implementó el beneficio “hubo un incremento en los embarazos de menores de 15 años y en los embarazos de jóvenes de entre 15 y 19 años”, informa el Gobierno, aunque aclara que esta correlación no alcanza a explicar el resultado:
“Para hacer esto -indica el estudio- deberíamos tener indicadores de los beneficiarios y un estudio profundo realizado entre madres jóvenes para ver si realmente generó un incentivo para quedar embarazadas”.
El complejo panorama se completa cuando se analiza el perfil educativo de los beneficiarios: alrededor del 70% de los titulares tiene secundario incompleto (una escolarización promedio de 9,5 años). SIN HORIZONTE.
El otro programa social troncal es Hacemos Futuro, directamente vinculado al mundo del trabajo. En estricta reserva, algunos funcionarios nacionales aseguran que “este plan, más algunos otros menores que apuntan a la empleabilidad, contienen a unos 700.000 beneficiarios”.
De ese total, sólo 11.000 lograron incorporarse al trabajo formal por medio del programa Empalme instaurado por el Gobierno nacional durante 2017; este año se agregaron otros 7.700. A su vez, 30.000 están realizando cursos de capacitación en empresas o en el mismo Ministerio de Trabajo.
“Los beneficiarios no reúnen el perfil exigido por los empleadores; muchos no tuvieron un trabajo formal durante los últimos 10 años; además, subsisten prejuicios en los empresarios respecto de los trabajadores que vienen de los planes sociales", argumentan desde el Gobierno.
“Los incentivos para las empresas no son suficientes, las empresas no pueden afrontar otros costos como los tarifazos y no hay condiciones de estabilidad para tomar personal”, responden desde el sector privado.
“La evidencia sugiere que la AUH no parece suficiente para atraer a las niñas y mujeres jóvenes más vulnerables que todavía están fuera del sistema educativo”, admite el documento del Gobierno. Además, reconoce que sus resultados sobre las tasas de asistencia escolar primaria son “muy pequeño” y “prácticamente no es relevante” su condicionalidad en salud.
Adicionalmente, desde que se implementó el beneficio “hubo un incremento en los embarazos de menores de 15 años y en los embarazos de jóvenes de entre 15 y 19 años”, informa el Gobierno, aunque aclara que esta correlación no alcanza a explicar el resultado:
“Para hacer esto -indica el estudio- deberíamos tener indicadores de los beneficiarios y un estudio profundo realizado entre madres jóvenes para ver si realmente generó un incentivo para quedar embarazadas”.
El complejo panorama se completa cuando se analiza el perfil educativo de los beneficiarios: alrededor del 70% de los titulares tiene secundario incompleto (una escolarización promedio de 9,5 años). SIN HORIZONTE.
El otro programa social troncal es Hacemos Futuro, directamente vinculado al mundo del trabajo. En estricta reserva, algunos funcionarios nacionales aseguran que “este plan, más algunos otros menores que apuntan a la empleabilidad, contienen a unos 700.000 beneficiarios”.
De ese total, sólo 11.000 lograron incorporarse al trabajo formal por medio del programa Empalme instaurado por el Gobierno nacional durante 2017; este año se agregaron otros 7.700. A su vez, 30.000 están realizando cursos de capacitación en empresas o en el mismo Ministerio de Trabajo.
“Los beneficiarios no reúnen el perfil exigido por los empleadores; muchos no tuvieron un trabajo formal durante los últimos 10 años; además, subsisten prejuicios en los empresarios respecto de los trabajadores que vienen de los planes sociales", argumentan desde el Gobierno.
“Los incentivos para las empresas no son suficientes, las empresas no pueden afrontar otros costos como los tarifazos y no hay condiciones de estabilidad para tomar personal”, responden desde el sector privado.
Fundación Libertad y Progreso investigó cuál es el nivel de
“condicionalidad percibida” por el beneficiario que recibe un plan de este
tipo:
ü para el 60%, la única obligación que tenían era “hacer
controles de salud periódicos a sus hijos”;
ü un 54% respondió que la condición era “mandar a los hijos
a la escuela”;
ü sólo 12,7% afirmó “trabajar a cambio del plan” y
ü 7,7% “buscar
activamente trabajo”.
No obstante, un dato interesante es que el 83,4% de los encuestados está de acuerdo con que “los
que reciben un plan deberían hacer algo a cambio”.
“Las relaciones sociales canalizadas a través de planes sociales han contribuido a derribar el umbral de aspiraciones. Si bien se reclama por un trabajo digno, está claro que resulta difícil proyectar a mediano plazo o imaginar un futuro en el cual la asistencia del Estado no sea primordial para sostener la reproducción de sus condiciones de vida”, señalan las investigadoras Sandra Giménez y Carla Zibecchi en su informe El sentido del trabajo y la subjetividad de los beneficiarios.
“Esta dificultad de realizar proyectos a mediano plazo se manifiesta en las resistencias a pensar otros caminos posibles y, por ejemplo, acceder a financiamiento para microemprendimientos productivos ya que se teme perder los magros ingresos que ofrece el Estado”, agregan.
Unos 7,2 millones de personas reciben mensualmente del
Gobierno nacional algún tipo de plan social o una pensión no contributiva. A
esta cifra hay que sumarle los planes sociales provinciales y municipales. A la
par, el Indec aseguró que se encuentran por debajo de la línea de
pobreza 1,7 millones de hogares, los cuales incluyen 7,5 millones de
personas.
Es evidente, que las cosas no están saliendo bien y se pueden agravar: sólo 7,8 millones de personas que trabajan en el mercado formal privado
sostienen a 18,8 millones (entre planes sociales, jubilados y empleos públicos)
sostienen a 18,8 millones (entre planes sociales, jubilados y empleos públicos)
Referencias bibliográficas:
~ Fundación Libertad y Progreso, y autor de la investigación Un análisis de los planes sociales en Argentina.
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