El siglo XX se caracterizó por los golpes de estado que, en este siglo, el XXI, no se han repetido. Sin embargo, las disputas por el poder no han cesado, sino que han mutado en la práctica cotidiana.
Abundan las facciones que acceden al poder por el sufragio y van erosionando las instituciones desde adentro para poder perpetuarse, en un proceso devastador y progresivo que vulnera el sistema democrático y lo convierte en otra cosa.
La democracia es un sistema frágil que precisa una constante vigilancia; no sólo son importantes las instituciones, sino los hábitos y valores de aquellos que la conforman.
El INDEC, hoy la más implacable agencia de noticias negativas para el actual Gobierno, estuvo activo durante el kirchnerato pero las prácticas engañosas y totalmente distorsionadas deformaron monstruosamente esa institución.
El populismo autocrático, como lo es el Kirchnerismo, actuó como una bomba neutrónica para las instituciones: dejó en pie los edificios, pero los vació de contenido.
Esto nos condujo a una democracia debilitada y sin energías que dejó de ser la mejor forma de gobierno asemejándose a la Formosa de Gildo Insfrán, la antítesis de los modelos que pensaron los fundadores y que intentó Alfonsín infructuosamente de reinstalar.
Pero en estas elecciones serán muy pocos los que son conscientes de los problemas de nuestra democracia, no sabemos si tendrán presente que los programas de todo tipo y color fracasaron sucesivamente en la Argentina porque la instalación del sistema de gobierno nunca fue completa y está infectada por el mortífero virus del populismo autocrático, un sistema de partidos malnacido con instituciones disfuncionales. El virus está encarnado en las malformaciones kirchneristas y, por el momento, la sociedad carece de vacuna.
No debemos dar todo el mérito destructivo al kirchnerismo ya que ellos sólo utilizaron las herramientas que les dejaron los gobiernos anteriores y supieron hacer la suprema síntesis de la corrupción.
¿La solución es sencilla?
Obviamente que no, tenemos que sopesar la cultura del pueblo (especialmente la emergente desde el año 1945 hasta ahora), la educación en esos años, el sindicalismo, los partidos políticos, los procesos electorales, la representatividad de los funcionarios, la continuidad perversa de los dirigentes en gobernaciones y municipios, la no supervisión de los procesos educativos utilizados, el proceso de selección de candidatos.
Sin embargo, la mayor complejidad del proceso de recuperación radica en que todos estos factores están unificados por la propaganda que generó "un relato" que se repitió una y otra vez en todo tipo de circunstancias y ambientes alcanzando inclusive desde las escuelas primarias a todo el espectro educativo.
A fin de comprender con mayor claridad cómo actúan cada uno de los factores, los comentaremos individualmente pero debemos tener la convicción que todos ellos deben ser tratados en conjunto.
En 1857 se crea en Buenos Aires la primera organización obrera del país, la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Otras mutuales por oficio creadas en esos años fueron la Sociedad San Crispín de Zapateros y la Sociedad de Socorros Mutuos de Sastres.
De ahí en adelante, el crecimiento de los movimientos sindicales fue muy conflictivo, costoso y por lo general violento.
La crisis económica mundial de 1929, la era del petróleo, el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial y el golpe de estado cívico-militar de 1930 que derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, abrieron la puerta a un cambio completo del modelo político-económico de Argentina, que tendrá consecuencias profundas para el movimiento obrero y el sistema de relaciones laborales. Fue el primero de una serie de golpes de estado que impedirían la consolidación de la democracia en Argentina hasta 1983.
En noviembre de 1943 los sindicalistas se acercaron a los militares y lograron que se designara a Perón como Director del Departamento del Trabajo, que llega al nivel de Secretaría de Estado, la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Lo curioso de esta evolución es que en sus inicios los sindicatos luchaban contra los militares conservadores; Perón quería tener poder y la mejor manera era apoyar al movimiento sindical y, en poco tiempo se convirtió en “El gran conductor” y “El Primer Trabajador”.
En octubre de 1945, como resultado de un golpe militar conservador, el Gral. Ávalos impuso la renuncia de Perón, pero éste dio un brillante discurso ante el movimiento obrero donde anunció un decreto con importantes conquistas laborales “salario móvil, vital y básico” y la participación en las ganancias. Este fue un excelente ejemplo de manejo de masas (herencia del fascismo)
Perón y los principales dirigentes sindicales fueron detenidos o pasaron a la clandestinidad, los convenios colectivos quedaron sin efecto y se despidieron a miles de delegados sindicales. Los obreros se movilizaron en medio de una huelga general, y forzaron la liberación del “Gran Conductor”, el llamado a elecciones y la obtención del aguinaldo y el salario mínimo vital y móvil.
En febrero de 1946 J. D. Perón ganó en todos los distritos menos en uno.
Hasta 1955 persistieron los conflictos y movilizaciones obreras, las huelgas ferroviarias y cruentos atentados que desembocaron en la Revolución Libertadora.
Los conflictos y acciones violentas lograron para el movimiento sindical mayor poder político llegando en 1962 a proponer la nacionalización de los sectores básicos de la economía, la expropiación de los latifundios, y la "planificación del esfuerzo argentino en función del interés nacional".
El poder sindical fue aumentando su peso político y lograron imponer convenios colectivos de trabajo con importantes incrementos salariales para compensar una inflación galopante. El deterioro progresa hasta desembocar en la cruenta dictadura militar del 76.
Un elemento fundamental de la campaña de Alfonsín que lo llevó a la victoria en 1983 fue la denuncia de un supuesto "pacto sindical-militar". La denuncia estaba orientada a identificar al peronismo con el autoritarismo y a subsumir al sindicalismo en el peronismo.
Siete días después de asumir el gobierno, Alfonsín declara un enfrentamiento abierto con los sindicatos, enviando al Congreso un proyecto de reforma sindical conocido como "Ley Mucci", con el objetivo de imponer la participación de las primera minoría en los órganos ejecutivos de los sindicatos, con mandatos de sólo tres años y una sola reelección inmediata. que terminará en un estrepitoso fracaso por falta de mayoría en el Senado.
El proyecto tuvo el efecto de unir rápidamente a todos los sectores sindicales, y establecer una lógica de confrontación entre el gobierno radical y los sindicatos, que será reconocido posteriormente por el propio Alfonsín, como uno de los mayores errores de su gobierno.
Ni cortos ni perezosos, los sindicalistas consolidaron su poder político avalado por la masa obrera.
Casi no negociaban, imponían sus demandas a través de la violencia (huelgas) explícitas o amenazadas. Ya no se dialogaba, se extorsionaba; así conseguían ventajas para los obreros, pero, más importante aún, mantenían la hegemonía y el poder de los sindicatos.
Dentro de esa línea debe incluirse las reelecciones “in aeternum”, el manejo de las obras sociales, libertad en el manejo de contrataciones y licitaciones y excepciones de auditoría.
Así asistimos hoy a una de las mayores crisis del sistema de asociaciones sindicales de la historia nacional. Es una crisis que se deriva de la ausencia de mecanismos democráticos en su sistema de representación, funcionamiento y gestión.
Escondidas bajo el denso manto de sus estatutos y la oscuridad de sus prácticas, la mayoría de estas asociaciones han dejado de lado todos y cada uno de los componentes más valiosos de la tradición política argentina desde la recuperación de la Democracia. Entre ellos, por citar los más elementales, las elecciones libres y directas, la representación de las minorías en la toma de decisiones y la alternancia en el poder.
En muchas de estas asociaciones, la oposición carece de medios para constituirse como alternativa, no posee garantías de un proceso electoral democrático y transparente, ni tiene cabida en el proceso de toma de decisiones. En tales condiciones, les resulta imposible interrumpir ciclos completos de verdaderas oligarquías sindicales que logran así mantener el poder por décadas y hasta transferirlo a sus hijos y familiares directos.
Esta situación irregular es introdujo en la gestión de los sindicatos y, sobre todo, y copó la administración de las obras sociales que los sindicatos tienen a su cargo de acuerdo con lo establecido por las leyes 18.610 (1970) y 22.269 (1980).
Resulta sencillo advertir que ambas, aún vigentes con pocas modificaciones, fueron sancionadas por dictaduras militares: la de Onganía, en el primer caso, y la de Videla, en el segundo.
Durante aquellos años, acaso los peores de la Historia argentina, y gracias a la connivencia entre autoridades políticas dictatoriales y cúpulas sindicales ilegítimas, se fue forjando un poder sindical corporativo que lejos de representar a los trabajadores logró enriquecerse a su costa. Esta lógica perversa ha logrado sobrevivir hasta hoy a pesar de haber transcurrido más de 35 años ininterrumpidos de democracia política; una democracia política cuyas prácticas no ha alcanzado a los sindicatos.
Debido a esta situación, los recambios en las cúpulas dirigentes son escasos o inexistentes, la representación de las minorías es mínima e impotente y, como consecuencia, los mecanismos de control son débiles o cómplices de los abusos de oligarquías sindicales en el poder que han adquirido el carácter de perennes.
Gracias a aquel origen dictatorial viciado por la ausencia de toda legitimidad democrática, las cúpulas sindicales lograron hacerse de beneficios improcedentes y desviar hacia sus bolsillos buena parte de los fondos bajo su control, en su mayoría: provenientes de los aportes de los trabajadores y de la administración de las obras sociales. Todo ello, al mismo tiempo que gozaban de exenciones impositivas y de todo tipo de favores originados en componendas con los poderes estatales.
Esta es la generación de nuevos monopolios familiares, ricos y poderosos.
Derecho de huelga
En la reforma constitucional de 1949 , art nº 37, se detallaban 10 derechos laborales:
Derecho de trabajar
Derecho a una retribución justa
Derecho a la capacitación
Derecho a condiciones dignas de trabajo
Derecho a la preservación de la salud
Derecho al bienestar
Derecho a la seguridad social
Derecho a la protección de su familia
Derecho al mejoramiento económico
Derecho a la defensa de los intereses profesionales
Curiosamente, no se incluyó explícitamente el derecho de huelga expresando la siguiente postura:
"la huelga era un hecho más que un derecho y que, por lo tanto, los obreros que tenemos conciencia de dirigentes... no necesitamos el derecho cuando nos disponemos a ese sacrificio: vamos a los hechos y así triunfamos".
En materia de regulación del ejercicio del derecho de huelga, la Argentina tiene, desde la reforma laboral del año 2004, una legislación muy poco restrictiva, y con ello, particularmente permisiva de la libertad sindical.
En efecto, las polémicas y críticas que pueden generar tanto el modelo sindical como el régimen de negociación colectiva no se reproducen en el tratamiento actual de los conflictos colectivos de trabajo; actualmente sólo se limita el derecho de huelga cuando éste se ejerce en el ámbito de los llamados servicios esenciales para la comunidad.
La legislación argentina sólo califica como servicios esenciales para la comunidad a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control de tráfico aéreo.
Y, excepcionalmente, se podrá calificar como servicio esencial a otra actividad cuando por la duración o extensión territorial de su interrupción se pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o cuando se tratara de un servicio público de importancia trascendental —también en este caso, según los criterio de los órganos de control de la OIT—.
Esto último podría ocurrir, por ejemplo, con el transporte público cuando no existieran medios alternativos.
Es necesario señalar que si bien la OIT admite que en los servicios esenciales en sentido estricto —que son los servicios hospitalarios y los demás individualizados por la ley argentina— se pueda prohibir el ejercicio del derecho de huelga, nuestra legislación es menos severa y sólo exige la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.
Esta menor restricción del derecho de huelga, así como supone una mayor incomodidad para los usuarios, obliga entonces a quienes llevan adelante la medida de fuerza a ser más rigurosos en el cumplimiento de los servicios mínimos.
En la reglamentación del año 2004, los sindicalistas y N. Kirchner exceptuaron de la categoría de servicios esenciales a los Camioneros, Docentes, Transporte Público.
¿Por qué se firmó esto?
Simplemente por conveniencia de poder:
~ N. Kirchner precisaba masa obrera poderosa controlada para que le permitiera, en caso de no ser presidente, extorsionar para doblegar al poder de turno y así acceder nuevamente al poder.
~ Otorgar a los sindicalistas oportunidades económicas y políticas “non sanctas” para mantenerlos como aliados (en buen romance…”los compró”)
~ El poder político y económico obtenido por los sindicalistas les permite inmunidad ante eventuales y previsibles futuros cambios legislativos.
Así tenemos que padecer corrupción en gremios como camioneros, docentes, de la construcción, etc.
El país debería modificar este lamentable “status quo”.
¿Podremos conseguirlo en paz o a través de procesos violentos?
Abundan las facciones que acceden al poder por el sufragio y van erosionando las instituciones desde adentro para poder perpetuarse, en un proceso devastador y progresivo que vulnera el sistema democrático y lo convierte en otra cosa.
El INDEC, hoy la más implacable agencia de noticias negativas para el actual Gobierno, estuvo activo durante el kirchnerato pero las prácticas engañosas y totalmente distorsionadas deformaron monstruosamente esa institución.
El populismo autocrático, como lo es el Kirchnerismo, actuó como una bomba neutrónica para las instituciones: dejó en pie los edificios, pero los vació de contenido.
Esto nos condujo a una democracia debilitada y sin energías que dejó de ser la mejor forma de gobierno asemejándose a la Formosa de Gildo Insfrán, la antítesis de los modelos que pensaron los fundadores y que intentó Alfonsín infructuosamente de reinstalar.
Pero en estas elecciones serán muy pocos los que son conscientes de los problemas de nuestra democracia, no sabemos si tendrán presente que los programas de todo tipo y color fracasaron sucesivamente en la Argentina porque la instalación del sistema de gobierno nunca fue completa y está infectada por el mortífero virus del populismo autocrático, un sistema de partidos malnacido con instituciones disfuncionales. El virus está encarnado en las malformaciones kirchneristas y, por el momento, la sociedad carece de vacuna.
No debemos dar todo el mérito destructivo al kirchnerismo ya que ellos sólo utilizaron las herramientas que les dejaron los gobiernos anteriores y supieron hacer la suprema síntesis de la corrupción.
¿La solución es sencilla?
Obviamente que no, tenemos que sopesar la cultura del pueblo (especialmente la emergente desde el año 1945 hasta ahora), la educación en esos años, el sindicalismo, los partidos políticos, los procesos electorales, la representatividad de los funcionarios, la continuidad perversa de los dirigentes en gobernaciones y municipios, la no supervisión de los procesos educativos utilizados, el proceso de selección de candidatos.
A fin de comprender con mayor claridad cómo actúan cada uno de los factores, los comentaremos individualmente pero debemos tener la convicción que todos ellos deben ser tratados en conjunto.
El componente sindical
En 1857 se crea en Buenos Aires la primera organización obrera del país, la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Otras mutuales por oficio creadas en esos años fueron la Sociedad San Crispín de Zapateros y la Sociedad de Socorros Mutuos de Sastres.
De ahí en adelante, el crecimiento de los movimientos sindicales fue muy conflictivo, costoso y por lo general violento.
La crisis económica mundial de 1929, la era del petróleo, el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial y el golpe de estado cívico-militar de 1930 que derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, abrieron la puerta a un cambio completo del modelo político-económico de Argentina, que tendrá consecuencias profundas para el movimiento obrero y el sistema de relaciones laborales. Fue el primero de una serie de golpes de estado que impedirían la consolidación de la democracia en Argentina hasta 1983.
En noviembre de 1943 los sindicalistas se acercaron a los militares y lograron que se designara a Perón como Director del Departamento del Trabajo, que llega al nivel de Secretaría de Estado, la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Lo curioso de esta evolución es que en sus inicios los sindicatos luchaban contra los militares conservadores; Perón quería tener poder y la mejor manera era apoyar al movimiento sindical y, en poco tiempo se convirtió en “El gran conductor” y “El Primer Trabajador”.
En octubre de 1945, como resultado de un golpe militar conservador, el Gral. Ávalos impuso la renuncia de Perón, pero éste dio un brillante discurso ante el movimiento obrero donde anunció un decreto con importantes conquistas laborales “salario móvil, vital y básico” y la participación en las ganancias. Este fue un excelente ejemplo de manejo de masas (herencia del fascismo)
Perón y los principales dirigentes sindicales fueron detenidos o pasaron a la clandestinidad, los convenios colectivos quedaron sin efecto y se despidieron a miles de delegados sindicales. Los obreros se movilizaron en medio de una huelga general, y forzaron la liberación del “Gran Conductor”, el llamado a elecciones y la obtención del aguinaldo y el salario mínimo vital y móvil.
En febrero de 1946 J. D. Perón ganó en todos los distritos menos en uno.
Hasta 1955 persistieron los conflictos y movilizaciones obreras, las huelgas ferroviarias y cruentos atentados que desembocaron en la Revolución Libertadora.
Los conflictos y acciones violentas lograron para el movimiento sindical mayor poder político llegando en 1962 a proponer la nacionalización de los sectores básicos de la economía, la expropiación de los latifundios, y la "planificación del esfuerzo argentino en función del interés nacional".
El poder sindical fue aumentando su peso político y lograron imponer convenios colectivos de trabajo con importantes incrementos salariales para compensar una inflación galopante. El deterioro progresa hasta desembocar en la cruenta dictadura militar del 76.
Un elemento fundamental de la campaña de Alfonsín que lo llevó a la victoria en 1983 fue la denuncia de un supuesto "pacto sindical-militar". La denuncia estaba orientada a identificar al peronismo con el autoritarismo y a subsumir al sindicalismo en el peronismo.
Siete días después de asumir el gobierno, Alfonsín declara un enfrentamiento abierto con los sindicatos, enviando al Congreso un proyecto de reforma sindical conocido como "Ley Mucci", con el objetivo de imponer la participación de las primera minoría en los órganos ejecutivos de los sindicatos, con mandatos de sólo tres años y una sola reelección inmediata. que terminará en un estrepitoso fracaso por falta de mayoría en el Senado.
El proyecto tuvo el efecto de unir rápidamente a todos los sectores sindicales, y establecer una lógica de confrontación entre el gobierno radical y los sindicatos, que será reconocido posteriormente por el propio Alfonsín, como uno de los mayores errores de su gobierno.
Ni cortos ni perezosos, los sindicalistas consolidaron su poder político avalado por la masa obrera.
Casi no negociaban, imponían sus demandas a través de la violencia (huelgas) explícitas o amenazadas. Ya no se dialogaba, se extorsionaba; así conseguían ventajas para los obreros, pero, más importante aún, mantenían la hegemonía y el poder de los sindicatos.
Dentro de esa línea debe incluirse las reelecciones “in aeternum”, el manejo de las obras sociales, libertad en el manejo de contrataciones y licitaciones y excepciones de auditoría.
Así asistimos hoy a una de las mayores crisis del sistema de asociaciones sindicales de la historia nacional. Es una crisis que se deriva de la ausencia de mecanismos democráticos en su sistema de representación, funcionamiento y gestión.
Escondidas bajo el denso manto de sus estatutos y la oscuridad de sus prácticas, la mayoría de estas asociaciones han dejado de lado todos y cada uno de los componentes más valiosos de la tradición política argentina desde la recuperación de la Democracia. Entre ellos, por citar los más elementales, las elecciones libres y directas, la representación de las minorías en la toma de decisiones y la alternancia en el poder.
En muchas de estas asociaciones, la oposición carece de medios para constituirse como alternativa, no posee garantías de un proceso electoral democrático y transparente, ni tiene cabida en el proceso de toma de decisiones. En tales condiciones, les resulta imposible interrumpir ciclos completos de verdaderas oligarquías sindicales que logran así mantener el poder por décadas y hasta transferirlo a sus hijos y familiares directos.
Esta situación irregular es introdujo en la gestión de los sindicatos y, sobre todo, y copó la administración de las obras sociales que los sindicatos tienen a su cargo de acuerdo con lo establecido por las leyes 18.610 (1970) y 22.269 (1980).
Resulta sencillo advertir que ambas, aún vigentes con pocas modificaciones, fueron sancionadas por dictaduras militares: la de Onganía, en el primer caso, y la de Videla, en el segundo.
Durante aquellos años, acaso los peores de la Historia argentina, y gracias a la connivencia entre autoridades políticas dictatoriales y cúpulas sindicales ilegítimas, se fue forjando un poder sindical corporativo que lejos de representar a los trabajadores logró enriquecerse a su costa. Esta lógica perversa ha logrado sobrevivir hasta hoy a pesar de haber transcurrido más de 35 años ininterrumpidos de democracia política; una democracia política cuyas prácticas no ha alcanzado a los sindicatos.
Debido a esta situación, los recambios en las cúpulas dirigentes son escasos o inexistentes, la representación de las minorías es mínima e impotente y, como consecuencia, los mecanismos de control son débiles o cómplices de los abusos de oligarquías sindicales en el poder que han adquirido el carácter de perennes.
Gracias a aquel origen dictatorial viciado por la ausencia de toda legitimidad democrática, las cúpulas sindicales lograron hacerse de beneficios improcedentes y desviar hacia sus bolsillos buena parte de los fondos bajo su control, en su mayoría: provenientes de los aportes de los trabajadores y de la administración de las obras sociales. Todo ello, al mismo tiempo que gozaban de exenciones impositivas y de todo tipo de favores originados en componendas con los poderes estatales.
Esta es la generación de nuevos monopolios familiares, ricos y poderosos.
En la reforma constitucional de 1949 , art nº 37, se detallaban 10 derechos laborales:
Derecho de trabajar
Derecho a una retribución justa
Derecho a la capacitación
Derecho a condiciones dignas de trabajo
Derecho a la preservación de la salud
Derecho al bienestar
Derecho a la seguridad social
Derecho a la protección de su familia
Derecho al mejoramiento económico
Derecho a la defensa de los intereses profesionales
Curiosamente, no se incluyó explícitamente el derecho de huelga expresando la siguiente postura:
"la huelga era un hecho más que un derecho y que, por lo tanto, los obreros que tenemos conciencia de dirigentes... no necesitamos el derecho cuando nos disponemos a ese sacrificio: vamos a los hechos y así triunfamos".
En materia de regulación del ejercicio del derecho de huelga, la Argentina tiene, desde la reforma laboral del año 2004, una legislación muy poco restrictiva, y con ello, particularmente permisiva de la libertad sindical.
En efecto, las polémicas y críticas que pueden generar tanto el modelo sindical como el régimen de negociación colectiva no se reproducen en el tratamiento actual de los conflictos colectivos de trabajo; actualmente sólo se limita el derecho de huelga cuando éste se ejerce en el ámbito de los llamados servicios esenciales para la comunidad.
La legislación argentina sólo califica como servicios esenciales para la comunidad a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control de tráfico aéreo.
Y, excepcionalmente, se podrá calificar como servicio esencial a otra actividad cuando por la duración o extensión territorial de su interrupción se pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o cuando se tratara de un servicio público de importancia trascendental —también en este caso, según los criterio de los órganos de control de la OIT—.
Esto último podría ocurrir, por ejemplo, con el transporte público cuando no existieran medios alternativos.
Es necesario señalar que si bien la OIT admite que en los servicios esenciales en sentido estricto —que son los servicios hospitalarios y los demás individualizados por la ley argentina— se pueda prohibir el ejercicio del derecho de huelga, nuestra legislación es menos severa y sólo exige la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.
Esta menor restricción del derecho de huelga, así como supone una mayor incomodidad para los usuarios, obliga entonces a quienes llevan adelante la medida de fuerza a ser más rigurosos en el cumplimiento de los servicios mínimos.
En la reglamentación del año 2004, los sindicalistas y N. Kirchner exceptuaron de la categoría de servicios esenciales a los Camioneros, Docentes, Transporte Público.
¿Por qué se firmó esto?
Simplemente por conveniencia de poder:
~ N. Kirchner precisaba masa obrera poderosa controlada para que le permitiera, en caso de no ser presidente, extorsionar para doblegar al poder de turno y así acceder nuevamente al poder.
~ Otorgar a los sindicalistas oportunidades económicas y políticas “non sanctas” para mantenerlos como aliados (en buen romance…”los compró”)
~ El poder político y económico obtenido por los sindicalistas les permite inmunidad ante eventuales y previsibles futuros cambios legislativos.
En síntesis, nos encontramos ante una estructura perversa y autónoma que limita la acción del Estado. Los gobiernos son forzados a “negociar” con ellos para definir las políticas a aplicar.
Actualmente estamos padeciendo estas presiones y el gobierno elegido legítimamente por el pueblo en el 2015 está presionado para modificar la política económica, que es su responsabilidad exclusiva; los sindicatos con sus teorías del “estado de bienestar” perdieron en las elecciones pero tratan de imponer su políticas por la fuerza.Así tenemos que padecer corrupción en gremios como camioneros, docentes, de la construcción, etc.
El país debería modificar este lamentable “status quo”.
¿Podremos conseguirlo en paz o a través de procesos violentos?
El poder sindical está muy consolidado como para que acepten renunciar por las buenas regresar a los mecanismos democráticos de ordenamiento.
El caso Moyano es bien demostrativo, su poderío se lleva por delante todas las instituciones posibles e, inclusive pueden llegar a detener procesos de modernización del trabajo.
El caso Moyano es bien demostrativo, su poderío se lleva por delante todas las instituciones posibles e, inclusive pueden llegar a detener procesos de modernización del trabajo.
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