Sobre un sindicalismo anacrónico y corrupto.

El peronismo que nos condena
Nuestro país inició el proceso que lo llevó a la independencia y a su organización constitucional sobre la base de dos principios fundacionales: la Libertad y la Igualdad. Ése es el legado de los patricios fundadores, que muchas veces se ha visto distorsionado, negado o intentado sustituir.

Omar "Caballo" Suarez, Juan Pablo "Pata" Medina, José Pedraza, Marcelo Balcedo
La libertad y la igualdad están indisolublemente ligadas y por eso, siempre, fueron menoscabadas por las concepciones corporativas reaccionarias que, cada tanto, logran prevalecer en esta Nación. Hoy, lo vemos cuando algunos sostienen que ser llevados a la Justicia por las denuncias de corrupción, es un ataque a la democracia o afirman que los presos, por fundadas acusaciones de cometer delitos en la función pública, son presos políticos.

También, esta reacción se manifiesta en el movimiento sindical, que pretender instalar que las investigaciones al patrimonio saqueado por los jerarcas sindicales, es un ataque a los derechos de los trabajadores o a la justicia social. Decía Madame Roland al ser llevada a la guillotina durante la revolución francesa: "¡Libertad, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!" Parafraseándola podemos exclamar "Justicia Social, cuántos crímenes se cometen en tu nombre". Incluso agregan la amenaza mafiosa sobre la sobrevivencia del gobierno si no permite al sindicalismo seguir enriqueciéndose y trabar la modernización de las estructuras productivas del país.

Algunos, por ocupar bancas legislativas o cargos en los gobiernos o ser dirigentes sindicales, creen tener derecho a privilegios que no se condicen con una República. Van desde calificarse como clase política (como si eso los pusiera por encima de los demás), autocalificarse y colocar en tarjetas personales debajo de su nombre "diputado o senador mandato cumplido", pecados veniales pero que muestran la necesidad de creerse por encima de los demás en muestra de pequeñas vanidades que se potencian cuando invocan los fueros para evitar el brazo de la Justicia convirtiendo al Senado de la Nación en un aguantadero con los privilegios que gozan sobre los ciudadanos comunes dos ex presidentes: uno con condena firme como el caso de Carlos Menem y otra, Cristina Fernández, con múltiples procesos por el saqueo del país además de la causa del pacto con Irán que llevó al magnicidio del fiscal Alberto Nisman hace cuatro años.

La sociedad argentina tiene que asumir un examen de sus valores como surge de las reacciones de ciertos sectores de la política y de las corporaciones que promueven protestas, manifestaciones, o amenazan con destituciones al sentirse amenazados por el tardío accionar de la Justicia ante el saqueo al que han sometido al país en las últimas décadas.

Afirmar que los presos por actos de corrupción son presos políticos es promover la impunidad, como lo es defender los fueros para que expresidentes que han cometido delitos graves estén cómodos en sus bancas del senado. 
Ya en 1813 se abolieron los fueros especiales y los privilegios de clase o casta, pero las oligarquías políticas y sindicales creen que la igualdad ante la ley es solamente para los ciudadanos de a pie.
Pero no se trata de obtener el castigo de quienes usaron el poder para cometer actos ilícitos, de mandar a la cárcel a sindicalistas corruptos y empresarios que sobornan a gobernantes o cometen tropelías en complicidad con las dirigencias gremiales.
Lo que hace falta es encarar profundas reformas para cambiar los sistemas que posibilitan la corrupción. Hay dos herencias nefastas de la dictadura de Onganía: la ley de obras sociales y el Fonavi.
La Ley de obras sociales ha distorsionado el sistema de salud argentino, como la evidencia el porcentaje elevado del PBI que se destina a sus programas y las falencias que soporta la población. Es que eso se ha convertido en la caja que ha permitido el enriquecimiento ilícito de la dirigencia sindical, de múltiples ineficiencias y corruptelas como el costo de los medicamentos, el derroche en los equipamientos, o el cobro de prestaciones inexistentes. 
El Fonavi ha posibilitado el auge de la patria contratista con la connivencia de empresarios, sindicalistas y burócratas que no ha servido para terminar con el déficit habitacional, pero ha sido muy útil para levantar fortunas, dilapidando los impuestos que soportan los contribuyentes.
Libertad e Igualdad están vinculadas porque estos males, en parte, devienen de haber negado a los trabajadores argentinos, con una ley de asociaciones profesionales de corte fascista, la libertad de agremiarse generando estas oligarquías similares a los feudos provinciales donde los cargos se heredan entre padres e hijos y maridos y esposas.
Pero no se trata solamente y nada menos, del enriquecimiento de los sindicalistas, sino también de cómo esta dirigencia promueve el mantenimiento de estructuras perimidas, anacrónicas, ineficaces y que fomentan el desempleo y la pobreza de vastos sectores que deben soportar la exclusión resultante del accionar de estas oligarquías.

Por Roberto Azaretto - Escritor. Historiador.

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