La escuela ha sido considerada un espacio de progreso y
desarrollo, y en cierta forma, un espacio protegido. Dicho carácter le ha
permitido ocupar un papel fundamental dentro de la inserción social, y ha hecho
de ella una suerte de abrigo o cortafuego para muchas de las desigualdades y
horrores sociales. De ahí que resulte ciertamente desconcertante pensar la
posibilidad de la escuela como un espacio vulnerable (García y Madriaza 2006).
No se puede entender la violencia en el núcleo escolar sin
antes considerar una serie de características que presenta la sociedad
occidental contemporánea que traen como consecuencia profundos conflictos
sociales que se ven trasladados a las aulas como reflejo de la problemática
exterior.
La violencia dentro de las escuelas no es simplemente el producto de enfrentamientos entre niños y jóvenes y entre éstos con los adultos sino, también, de la ruptura de vínculos sociales de mayor trascendencia.
La violencia dentro de las escuelas no es simplemente el producto de enfrentamientos entre niños y jóvenes y entre éstos con los adultos sino, también, de la ruptura de vínculos sociales de mayor trascendencia.
La escuela no es, en muchos casos, un espacio democrático e
igualitario, tal como ha sido concebido socialmente. Aunque se espera que
funcione como un espacio de inclusión, de convivencia de las diversidades;
también posee sus propios mecanismos de exclusión y selección social,
escogiendo a algunos y expulsando a otros, estos últimos son los que no
consiguen responder a las expectativas relacionadas con el aprendizaje, el
comportamiento y la relación con los miembros de la comunidad escolar (Ovalles
y Macuare 2009).
La violencia escolar también se presenta cuando los docentes
abusan de su poder y descalifican y coaccionan a los alumnos para lograr la
obediencia, llegando incluso a hacer uso de técnicas más o menos violentas para
imponer la disciplina. En más de una ocasión los alumnos son agredidos o se
convierten en víctimas, ya que están expuestos dentro del ambiente educativo,
de forma repetida y durante un largo tiempo, al abuso de poder físico y/o
psicológico y a acciones negativas que dañan su autoestima, salud, integridad,
libertad y seguridad, impidiendo su desarrollo integral, atentando contra la
igualdad y fomentando la exclusión. Esta situación puede llegar a ocurrir,
incluso, con el conocimiento y apoyo de los miembros de la familia, quienes
justifican el castigo corporal como medio educativo, apelando a una antigua
sentencia que reza: “la letra con sangre entra”.
Veamos el caso de Paola Natalia Figlioli; he aquí su denuncia pública sobre la Escuela Nº 22 Pavón:
Veamos el caso de Paola Natalia Figlioli; he aquí su denuncia pública sobre la Escuela Nº 22 Pavón:
La violencia escolar debe analizarse como “una estructura
comunicativa con roles e identidades, espacios, jerarquías de poder y tiempos
de convivencia, que van configurando los aspectos subjetivos o de
significados”. Es decir, si en la institución se reproducen las formas
jerárquicas de participación y poder, entonces las acciones violentas no son
más que un modo de representar los aspectos de la realidad escolar. En este
sentido, más que definir las formas externas de expresión de la violencia, nos
interesa desentrañar el significado cultural que representan esas conductas
para la identidad de los grupos de acuerdo con los distintos contextos en que
se manifiesten.
El docente señalado por su conducta irregular por Paola es
Joaquín Costa, quien también cumple con el rol de delegado de SUTEBA; el
director de la Escuela Nº 22 es Damián Roverano, quien también se desempeñó
como consejero escolar.
Los relatos de Paola, así como el de su hijo nos plantean un
cruel interrogante.
Las groseras inconductas descriptas en ambos audios sólo pueden comprenderse cuando todos los demás miembros de la comunidad escolar de la Nº 22 son partícipes necesarios por acción o inacción.
Las groseras inconductas descriptas en ambos audios sólo pueden comprenderse cuando todos los demás miembros de la comunidad escolar de la Nº 22 son partícipes necesarios por acción o inacción.
Es imposible de creer que esta situación puede resolverse
con cambios del docente involucrado y del director del establecimiento. Ningún
miembro de esa comunidad escolar es ajeno a estas conductas aberrantes, que van
desde violencia física, moral y psicológica hasta intentos de homicidio que no
fueron resueltos por hallarse las denuncias “blindadas”; todo el plantel escolar
es responsable, máxime cuando el problema es crónico y la agresión con el cuchillo ocurrió el año anterior.
La sociedad no puede permitir semejante distorsión institucional, mucho menos la impunidad a la que puede tener algún representante sindical.
La sociedad no puede permitir semejante distorsión institucional, mucho menos la impunidad a la que puede tener algún representante sindical.
Los responsables de las acciones de gobierno deben aplicar sin demoras sanciones
ejemplares.
La sociedad las espera.
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