Una de cada cinco chicas y uno de cada ocho o diez varones sufrirán abuso sexual antes de cumplir los 18 años.

El abuso sexual infantil ocurre más de lo que se presume. “Estadísticas conservadoras muestran que una de cada cinco chicas y uno de cada ocho o diez varones sufrirán abuso sexual antes de cumplir los 18 años por algún conocido. Pero lo que se está viendo es que de un 25 por ciento a un tercio de los agresores no son adultos convivientes, sino otros adolescentes o chicos un poco mayores que la víctima”.
“En la Argentina se pone demasiado el énfasis en la cuestión legal. Pero se debe trabajar más en la reparación del daño sufrido por la víctima”.

–¿Por dónde habría que empezar? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes?

–Ispcan tiene un instrumento que se aplica en distintos países para llevar estadísticas y así poder comparar. Se podría aplicar en la Argentina. Es importante tener un diagnóstico del problema. Otro aspecto fundamental es contar con lineamientos y protocolos claros que se apliquen en distintos lugares: que sea igual que un chico sea atendido en un hospital de la ciudad de Buenos Aires o en una salita del interior del país. Es decir, que se apliquen los mismos criterios para hacer el diagnóstico, evaluar el nivel de riesgo del chico y tratarlo. Hoy no hay lenguaje y criterios comunes. Y si bien hay equipos que recepcionan el problema, no son suficientes para atender a los chicos, a las familias y eventualmente a quien haya producido la agresión. Sería necesario que estos equipos reciban capacitación. En la Argentina cada profesional se forma como puede.

–A veces a la Justicia le cuesta creerles a las víctimas. Y muchos psicólogos que actuaban como peritos en juicios por abuso sexual, y validaron denuncias de chicos, resultaron luego perseguidos judicialmente por los denunciados, en los casos en que no se pudo probar el delito. ¿Qué opina al respecto?

–Las dos partes tienen derecho a impugnar lo que el otro está diciendo, es parte del juego legal. Pero en la medida en que los peritos tengan criterios comunes, a los jueces les será más fácil investigar y definir si el perito se equivocó. Los protocolos comunes protegen a los peritos y a la persona acusada también. Se garantizan estándares de análisis de la información. Se va reduciendo el margen de subjetividad del perito. Pero en la Argentina se pone mucho peso en la cuestión legal.

–¿Y dónde habría que poner el énfasis?
–Es un delito, se debe denunciar. Pero hay que trabajar para disminuir los factores de riesgo y sobre los efectos de la situación. Si no, quedamos entrampados en la pelea judicial, en el lenguaje legal, y queda frenada la posibilidad de trabajar en la reparación del daño.

–¿Cuando un chico cuenta una situación de abuso sexual hay que creerle siempre?
–Hay que prestarle atención y consultar con alguien especializado. Los chicos no dicen: “Me abusaron sexualmente”. Es muy clara la situación si hay descripción de comportamientos sexuales de parte de la niña o niño, que no debería estar a su alcance, que no se corresponde con su edad. Si con cinco años describe alguna situación de sexo oral o penetración, por ejemplo. Pero hay otros relatos inespecíficos, que hay que analizarlos de acuerdo con el contexto.

–¿El abuso sexual infantil ocurre mucho más de lo que trasciende y se denuncia?
–No es un problema esporádico. Estadísticas conservadoras señalan que una de cada cinco chicas y uno de cada ocho varones antes de llegar a los 18 años sufrirán abuso sexual.

–¿El agresor en la mayoría de los casos es un conocido?
–Sí, pero lo que estamos viendo es que de un 25 por ciento a un tercio de los agresores, si bien son conocidos, no son adultos convivientes, sino que suelen ser otros adolescentes o chicos un poco mayores que la víctima.

–¿Cambió el perfil del abusador infantil?

–Tendemos a pensar que se está afinando la detección de los abusos, que estos abusos deben haber existido siempre. Pero sucede que las estadísticas que se suelen usar son las que se realizan en centros de atención especializados o juzgados. En esos lugares es donde llega la víctima de los adultos convivientes. El cambio de perfil del abusador empezó a aparecer a partir de encuestas en población general. Esto nos plantea la importancia de poder hacer encuestas, para ver qué tipo de programas y tratamientos podemos ofrecer.

–¿En los casos en los que el abusador es otro adolescente o un chico un poco mayor que la víctima, el abuso es aislado o sistemático?
–A veces tan sistemático como en el caso del abuso intrafamiliar. En España, estoy trabajando en el Programa de prevención e intervención en situaciones de riesgo para el desarrollo psicosexual de niños/as y jóvenes del Ayuntamiento de Pasaia (Gipuzkoa, País Vasco). Este municipio hace unos años empezó a detectar en las escuelas que los chicos tenían comportamientos sexualizados no adecuados para la edad. Algunos obligaban a otros más chiquitos a tocarlos, masturbarse o tener sexo oral. Estoy hablando de chicos de 8 años para arriba. Como antecedente en esa ciudad se habían desmantelado dos redes de pedófilos. Una hipótesis que se planteó fue que estos chicos pudieran haber sido víctimas de esas redes. Entonces, los servicios sociales de base empezaron a trabajar en las calles para detectar los casos de riesgo. El programa comenzó en 2004 y en el Ayuntamiento se crearon grupos de atención a chicos, chicas y padres. Los padres empezaron a reunirse con la alcaldesa y pidieron capacitación para todas las personas que trabajaban en el Ayuntamiento en protección infantil. Y pidieron que hubiera un código de comportamiento para todos los adultos que trabajan con chicos, que ahora está en vías de redacción. Es uno de los primeros lugares de España que toma una iniciativa de ese tipo. A partir de la toma de conciencia de los padres, son ellos los que se movieron para impulsar medidas de protección para los chicos.

–¿Qué tipo de pautas incluye el código?
–Tratar a los niños, niñas y adolescentes con cortesía y respeto. No involucrarse en comportamientos como insinuaciones sexuales de manera física, psicológica, escrita y/o verbal, no usar un lenguaje abusivo, incluyendo sarcasmos reiterados ni amenazas de violencia, ni difamación racial o étnica, ni actos que otras personas puedan, razonablemente, considerar intimidatorios, ni un lenguaje vulgar e irrespetuoso. O avergonzar al menor por algún resultado negativo. Es necesario notificar a los superiores y a las autoridades correspondientes cualquier sospecha de maltrato y colaborar para que se proteja a la persona menor. No se debe iniciar ningún comportamiento sexual y debe rechazar la invitación o el eventual consentimiento hacia el mismo. Son algunos de los puntos que incluye el código.

 
IRENE INTEBI
EXPERTA INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Consultora en ONG y en la capacitación de profesionales del servicio de protección infantil de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Coordinadora del Programa de Asistencia al Maltrato, del gobierno porteño (2009), Presidente de la Ispcan (2009-2012)